Macri con más fondos y proyectos de remates

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El macrismo logró ayer con total facilidad que la Legislatura apruebe la ampliación presupuestaria que pidió el jefe de Gobierno para este año y además también tuvo votos para aprobar la emisión de deuda. Casi una novedad que lo votara también el kirchnerismo y otros bloques opositores, aunque no está claro el rol de las bancadas que integran Cambiemos y fueron rivales del PRO en las elecciones locales. Así, Macri contará con $ 4.200 millones más aprobados que se volcarán a los aumentos de sueldos de municipales, médicos, policías y maestros, $ 450 millones para los colegios privados y $ 44 millones para el hospital Garrahan que la Ciudad administra juntamente con el Gobierno nacional. También quedó aprobada la emisión de Letras del Tesoro que ya salieron a licitación y agranda en $ 1.000 millones.

Sin embargo, el PRO no pudo arrancar con el temario difícil, el paquetazo de leyes que propuso Macri que en su mayoría buscan la venta de inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires o la cesión de uso o bien concesiones a largo a plazo.

Por eso ayer, en la primera sesión ordinaria de la Legislatura porteña tras las PASO nacionales, no pudo siquiera introducir en el orden del día, como estaba previsto, la cesión de más de una docena de inmuebles que tiene en uso el Arzobispado y por lo cual el Gobierno porteño propone cederlos directamente. Son los predios donde funcionan distintas parroquias desde hace muchos años. Inclusive uno de ellos, destinado a una escuela católica, ya fue en su momento cedido por 20 años por el PRO con oposición del kirchnerismo.

Si bien el bloque Frente para la Victoria cuenta con argumentos en oposición, pero no está unificado en ese sentido, también la propuesta parecía carecer de algunos datos. Al menos así lo reclamaron los legisladores.

Tampoco el Frente para la Victoria pudo entonces aprobar siete convenios con la Universidad de Buenos Aires que, en la misma sintonía, pretenden la cesión de predios para esa casa de altos estudios.

En la sesión de ayer, que condujo el titular de la Legislatura, Cristian Ritondo, la presidenta del bloque Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, fundamentó el voto positivo de la bancada diciendo que "defendemos las subas salariales obtenidas en paritarias para trabajadores de planta permanente y para los contratados, aunque consideramos que debe resolverse la situación laboral de estos últimos" y justificó con que "esta ampliación presupuestaria no incluye como otros años subas al contrato de higiene urbana que no apoyamos y no incluye endeudamiento externo".

Tiro Federal a la venta


La polémica por el paquetazo de proyectos con destinos inmobiliarios que envió Macri para ser aprobados antes de las elecciones nacionales se agrandará ahora con la última de las innovaciones en ese sentido.

El Gobierno porteño quiere disponer del predio que ocupa en la avenida Del Libertador, Udaondo y Lugones, una antigua institución como es el Tiro Federal.

Son terrenos de 17 hectáreas, donde quiere impulsar la construcción de un Centro de Innovaciones y de viviendas para universitarios entre otras iniciativas que podría dar en concesión o bien vender las tierra con fines específicos, si lograra la aprobación. Y el desalojo.

El Tiro Federal funciona desde hace más de un siglo. Sus instalaciones están en el barrio porteño de Núñez, y se considera que son por su extensión únicas -también por calidad- en la Argentina y Sudamérica.

Además, la asociación cede sin cargo sus instalaciones para el adiestramiento del personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y otros organismos oficiales, de acuerdo con sus cláusulas originales de creación y funcionamiento, cuando en 1891 se impulsó su instalación en la Capital Federal.

En otro sentido, su sede social fue declarada Monumento Histórico Nacional, en 2005, por el Poder Ejecutivo Nacional.

Como sea, el Gobierno porteño considera que son pocas las personas que practican tiro allí, como para que la Ciudad disponga de esa extensión en ese lugar del distrito con esos fines.

La aprobación de la iniciativa requiere 40 votos del recinto, dos tercios, que el PRO no reúne sin la adhesión de aliados o rivales; por eso el proyecto conformará el paquete de leyes más difíciles de sancionar con apuro. Además, son propuestas que deberían pasar por audiencia pública antes de sancionarse definitivamente.

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