Macri: “No ejercí mi derecho de defensa; no sé qué me imputan”

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«Lamentablemente termina la indagatoria sin que a pesar de las horas transcurridas yo me haya podido enterar con precisión qué hechos concretos yo he realizado, por los cuales el señor juez me imputa dentro de una supuesta asociación ilícita. Por supuesto que como no existen los hechos, tampoco existen las pruebas. Lo único que he tenido que contestar es a quién conozco y a quién no conozco, sin que haya podido ejercer mi derecho de defensa», asestó Mauricio Macri hacia el final de su interrogatorio, a lo que el juez Norberto Oyarbide se limitó a contestar: «Esta declaración es justamente su oportunidad de ejercer su derecho de defensa».

Éste fue el último cruce entre el magistrado y el jefe de Gobierno porteño, indagado ayer por la causa en la que se investigan las escuchas ilegales al familiar de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, el empresario Carlos Ávila, y a otras personas, entre ellas, su ex cuñado. Néstor Leonardo.

En una extensa declaración que se prolongó por más de seis horas, Macri repitió varias veces que no conocía al supuesto espía y ex empleado del Ministerio de Educación porteño Ciro James, hoy procesado con prisión preventiva por supuesta asociación ilícita. También aseguró que no tenía ninguna vinculación con las pinchaduras telefónicas gestionadas por este ex policía federal que había ingresado en la fuerza metropolitana. «Se lo digo en castellano básico, no sé quién es Ciro James», respondió un ofuscado jefe de Gobierno, ante la insistencia de los investigadores del caso.

Macri tampoco se extendió demasiado en su encuentro cara a cara con Oyarbide: el ritmo de la indagatoria estuvo marcado por las preguntas del juez y del fiscal especial de la AMIA, Alberto Nisman, a las que el jefe de Gobierno se limitaba a responder remitiéndose al escrito de 40 páginas que había presentado (ver aparte). En él, el jefe de Gobierno se defendió de la imputación, criticó en duros términos la investigación del juzgado y propuso una serie de medidas de prueba, la mayoría de ellas ya ordenada por el juzgado.

El jefe de Gobierno, además, buscó despegarse del ex titular de la Policía Metropolitana Jorge «Fino» Palacios, también procesado con prisión preventiva por supuesta asociación ilícita. Si bien admitió que él había decidido la designación de Palacios al frente de la Metropolitana, Macri resaltó que entre él y el jefe de la Policía «existen tres cargos jerárquicos».

Relación técnica

En el escrito presentado, la defensa avanza más todavía en este aspecto y destaca que «mientras Palacios se desempeñó al frente de dicha institución estuvo bajo la égida del Ministerio de Justicia y Seguridad» y que «se trató de una relación de carácter técnico y profesional en la cual no intervenía el jefe de Gobierno». El descargo de Macri concentró así la atención sobre su ministro en esa área, Guillermo Montenegro, a quien señala como el responsable inmediato de las actividades del ex jefe de la fuerza porteña.

El mismo argumento desplegó respecto de la contratación de James en el Ministerio de Educación porteño, entonces a cargo de Mariano Narodowski. Como ya había detallado el ex ministro en sus dos indagatorias, el escrito señala que el supuesto espía fue contratado como asesor externo, junto a un grupo de profesionales de la Universidad de La Matanza. Ni el escrito ni el entonces responsable de la cartera pudieron detallar qué actividades desempeñaba James como asesor.

El informe sí aclara, sin embargo que, «James comenzó a prestar tareas como asesor externo en marzo de 2008. No fue, como se dice, en mayo de 2008, ni mucho menos se lo contrató como una supuesta contraprestación por haber intervenido al señor Leonardo. Lo real es que la contratación de James se demoró, como tantas otras, por falta de crédito en las partidas presupuestarias». La fecha en que comenzó el contrato del ex policía federal es el 9 de mayo, un día después de que se dispusiera la intervención del celular de Leonardo.

«No tengo la menor idea de a qué gente contrata cada ministerio, ya que estamos hablando de miles de personas. Y reitero una vez más que rechazo tener algo que ver con ninguna escucha, ni pasada, ni presente, ni futura», vaticinó el jefe de Gobierno en su indagatoria.

Por otro lado, Macri se remitió a las declaraciones públicas de su padre, Franco Macri, quien admitió que había contratado a la empresa The Ackerman Group para investigar a su cuñado. Según esta versión, ellos habrían buscado a James para realizar las pinchaduras.

El jefe de Gobierno también negó conocer que Palacios tenía una empresa de seguridad junto con Osvaldo Chamorro, su segundo y jefe interino de la fuerza metropolitana, en la que se detectaron varios informes sobre el estado financiero de legisladores de la oposición, sindicalistas e incluso el jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Argumentó, además, que no recordaba haber tenido una reunión con la legisladora Gabriela Cerruti, quien había declarado ante el juez que Macri había admitido las escuchas supuestamente contratadas por su padre. Y aseguró no estar al tanto de una reunión que habían mantenido James, Roberto Ontivero -superior en la Metropolitana- y Agustín Gamboa, secretario general de Política Criminal de la fiscalía porteña. Esa reunión fue en julio de 2008, meses antes de que James ingresara a la fuerza, y allí se lo habría presentado como encargado del área de investigaciones.

La indagatoria al jefe de Gobierno terminó como había empezado seis horas antes: si al principio Macri había afirmado que su imputación era «vaga» y «carente de precisión», ninguna explicación de los investigadores del caso fue suficiente para acordar, al menos en este punto. Tanto para él como para su defensa la imputación por supuesta instrumentación en dos hechos concretos (Burstein y Leonardo) vinculados a una asociación ilícita dedicada a las escuchas ilegales no es suficientemente concreta. Oyarbide definirá estas semanas si sus explicaciones sobre el caso lo fueron.

El juez tiene ahora unos diez días para definir la situación procesal de Macri, así como Montenegro y de Narodowski, quienes fueron indagados por presunto encubrimiento. También se resolverá en las próximas semanas las situación de los jueces destituidos de Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo. Por este caso, ya fueron procesados James y Palacios, actualmente detenidos en el Penal de Marcos Paz, y varios funcionarios y policías de Misiones.

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