Macri presentó el proyecto para transferir Justicia a la Ciudad

Germán Garavano

 En sigilo y con bajo perfil, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para traspasar toda la Justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa también contempla la transferencia de la estratégica Inspección General de Justicia (IGJ) -que tiene a su cargo el control de todas las sociedades comerciales o civiles en el ámbito porteño- y del Registro de la Propiedad Inmueble. Ingresará primero al Senado, donde se deberá modificar la denominada ley Cafiero.

El intento del Ejecutivo encendió la alarma entre jueces, fiscales y gremios judiciales que resisten la idea de quedar bajo la órbita local. También le quitarán a Alejandra Gils Carbó el manejo de todos los fiscales nacionales. Implica más fondos para Horacio Rodríguez Larreta que podrían llegar por otro aumento en coparticipación. El costo podría trepar a los $ 10 mil millones.

Con la firma del presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el proyecto al que accedió Ámbito Financiero ingresó la semana pasada por mesa de entradas de la Cámara alta. Con sólo 6 artículos, su parte resolutiva contempla la modificación del artículo 8 de la Ley N° 24.588, y la sustitución de su texto en lo que refiere a la jurisdicción de los juzgados ordinarios. "La jurisdicción, competencia y órganos no federales del Poder Judicial de la Nación se transfieren a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La transferencia incluye a magistrados, funcionarios, empleados, medios materiales e inmateriales y bienes muebles e inmuebles, y será acompañado con los recursos", indica el proyecto que también modifica el artículo 10 de la ley Cafiero. Eso refiere a la IGJ y al Registro de Propiedad Inmueble, los cuales pasarán (salvo lo que corresponda que sea federal) con personal y dinero.

El artículo 3 del proyecto sentencia: "La implementación progresiva de la transferencia se instrumentará por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual celebrará convenios con la Ciudad Autónoma para hacer efectivo lo establecido en los artículos 1° y 2° de la presente ley, respetando un principio de gradualidad y en un período no mayor a siete años". Pese a que es un asunto que inquieta a magistrados y funcionarios, la iniciativa contempla que "se garantiza la inamovilidad de grado e intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados transferidos a la jurisdicción local, así como el derecho a la estabilidad del que gozare el personal de los organismos administrativos transferidos".

Nadie desconoce el tema porque fue largamente discutido sin consenso entre el poder político y el judicial. La transferencia cumple una manda constitucional, pero a la vez, despierta el recelo de jueces y fiscales que resisten pasar a la jurisdicción local por estatus y competencias. "Es como irse a la B", grafican. La discusión en la previa electoral había generado reuniones entre jueces nacionales y Ricardo Recondo, uno de los interlocutores con Cambiemos desde el sillón de la Asociación de Magistrados. Les habían asegurado a los jueces que ello no ocurriría.

Un día antes del recambio presidencial, la Corte Suprema había generado el antecedente para su concreción, en un fallo con implicancias para condenados por delitos de lesa humanidad. Allí, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda exhortaron la transferencia de competencias penales, en mora en la Legislatura que aún debe convalidar el último paquete. Subrayaron que "la Justicia nacional criminal no posee competencia en materia federal". Sólo en lo que corresponde a la Justicia en lo criminal y correccional son 49 jueces de instrucción y 14 correccionales a los que se agregan a siete juzgados de menores. Un proyecto ideado por el Ejecutivo proponía su unificación, pero sin los 30 tribunales orales en lo criminal, integrado por tres jueces.

En materia comercial, son 26 juzgados con dos o tres secretarías cada uno, además de seis salas revisoras. En lo laboral, la estructura es de 80 juzgados y diez salas en la Cámara de Apelaciones del fuero. Aunque con secretarías únicas, el fuero civil nacional es el más extenso: tiene 110 juzgados civiles y 13 salas en la cámara de revisión que también deberán ser transferidas junto con los recursos para su manutención. Penal y Laboral serían los primeros fueron en pasar a la órbita local. Resta conocer si se equipararán salarios y si la Procuración General intenta evitar la pérdida de un centenar de fiscalías.

La discusión por la creación de una IGJ local había quedado empantanada en la Justicia. Su transferencia sería una forma de saltar ese obstáculo.