Madres: hallan a otros apoderados

Hebe de Bonafini

Las investigaciones judiciales sobre Sergio Schoklender se extenderán a otras personas que tenían facultades generales de administración en Madres de Plaza de Mayo, similares a las del exapoderado de esa fundación. La Justicia descubrió que entre tres y cuatro personas más cobraron cheques librados a favor de Madres por parte de los organismos públicos que encargaron obras de construcción a la fundación que preside Hebe de Bonafini.

Se trata de la causa que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y que corre en paralelo con la de su colega Norberto Oyarbide. Mientras Oyarbide investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos como apoderado de Madres, Martínez de Giorgi intenta establecer si se cumplieron o no los contratos de obras firmados entre la fundación, a través de la Misión Sueños Compartidos, y las administraciones provinciales o municipales.

Este expediente, que avanza de manera más sigilosa que el de Oyarbide, tiene como acusados a Bonafini, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. En los últimos meses, Martínez de Giorgi avanzó en la recopilación de informes que le enviaron las administraciones en las que se realizaron o se llevan a cabo obras de Madres, así como de las áreas de Planificación encargadas del seguimiento de los proyectos.

Entre la documentación acumulada, el magistrado encontró que Sergio y Pablo Schoklender no eran los únicos que contaban con poderes generales de administración. Al menos otras tres personas contaban con papeles similares, que las habilitaban a cobrar los cheques que percibía Madres por las cancelaciones parciales de las obras de construcción. Eran cheques que emitían los institutos de la vivienda de los municipios o provincias contra la entrega de certificados de obra.

Luego del estallido del escándalo judicial, y de la renuncia de los hermanos, el poder general pasó por apenas dos días al abogado Hugo Gallardo, quien debió renunciar tras comprobarse que tenía negocios en común con Pablo Schoklender. A continuación, la facultad general de administración pasó a manos de Alejandra Bonafini, hija de la líder de Madres. Sin embargo, en Tribunales dijeron que los otros apoderados no habían sido mencionados hasta ahora en ninguno de los expedientes en marcha.

Paradójicamente, la novedad puede ser de más utilidad para la investigación de Oyarbide, que tiene como eje a Schoklender, al menos en una primera etapa. Es que Martínez de Giorgi sólo podrá avanzar en esa línea en caso de comprobarse que hubo incumplimientos en las obras contratadas, para lo cual se prevé que deberá encargar por lo menos un peritaje extenso de todos los emprendimientos. En cambio, su colega tiene la tarea de comprobar si fueron desviados fondos públicos más allá de que las obras se hubiesen completado.

Entretanto, Martínez de Giorgi también le pidió informes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acerca del personal de la Fundación Madres. El juez intentará cruzar esos datos con los nombres de quienes cobraron los cheques para extender, determinar la cadena de responsabilidades frente a posibles hechos delictivos.

En lo que sí coincidieron los dos jueces es en pedirle asistencia a la Auditoría General de la Nación (AGN), que encabeza el radical Leandro Despouy. Si bien una comisión del Congreso ya había reclamado el inicio de una auditoría general, los jueces le plantearon a Despouy la necesidad de avanzar en detalles respecto de la ruta del dinero que debía aplicarse a las obras. Para las próximas semanas se esperan las primeras conclusiones del informe.