17 de noviembre 2015 - 00:25

Magistratura gira y vota sus autoridades tras balotaje

• CARRERA POR PRESIDENCIA, CAJA, Y DANZA DE CANDIDATOS.
• INTRIGAS EN LA CASACIÓN POR VACANTES.

Ricardo Lorenzetti y Liliana Catucci
Ricardo Lorenzetti y Liliana Catucci
 El Consejo de la Magistratura elegirá sus autoridades para 2016 tras la elección del domingo 22. Queda así anulada la intencionalidad de parte del bloque oficialista de votar la presidencia del cuerpo colegiado el jueves 19. La aritmética actual, que permanecerá hasta el 10 de diciembre, le sería favorable. La táctica recurrente se ve incidida por cierta sensibilidad electoral ya que definir autoridades podría dar espacio a duros cuestionamientos a horas de la segunda vuelta presidencial. La próxima cita del Consejo será mañana, cuando la Corte Suprema le tome juramento al nuevo representante del Ejecutivo, Nicolás Soler. Tras ese trámite la titular del organismo, la camarista Gabriela Vázquez, espera a los consejeros para una deliberación informal.

Sin los consensos necesarios para enviar ternas de peso al Ejecutivo, la danza de nombres para la presidencia de la Magistratura es el único avatar que aporta alguna emoción rutilante. Si Mauricio Macri se alza con la presidencia esa contienda quedaría aplazada hasta diciembre. En cambio si fuera Daniel Scioli, los tiempos se adelantarían antes del traspaso de mando. La novedad en el campamento sciolista, en materia de Justicia y Magistratura, es que en caso de un triunfo se podría requerir algún servicio a Julio Alak, al menos durante los primeros seis meses del año.

Movimientos que anticipan un verano agitado, más si se considera el fallo de la Corte respecto de la ley de subrogantes. El máximo tribunal les dio 90 días de gracias a los subrogantes de la Casación Penal federal y al juez electoral bonaerense. Ese tiempo expira la primera semana de febrero. Para ese entonces el Consejo debería estar listo para cubrir las vacantes por una mayoría calificada.

No hay demasiada fe en que esto suceda. Es lo que explica que la semana pasada la titular de la Casación Ana María Figueroa hizo circular una nota en la cual solicita a sus colegas que se expidan sobre si están dispuestos a subrogar vacantes. Un giro notable, si se considera que la Corte ha dicho que esa decisión es de la Magistratura y no de las Cámaras.

En realidad Figueroa ha interpretado una intención sectorial de la Casación que se manifestó el pasado miércoles en la Corte ante Ricardo Lorenzetti, aprovechando la ocasión de la comisión antinarcos. El justice pudo escuchar a los camaristas requerir la posibilidad de subrogarse entre ellos, sin convocar magistrados externos. Al mismo tiempo, creció con fuerza la tesis de que Liliana Catucci recalará en la presidencia del máximo tribunal penal en lugar de Juan Carlos Gemignani, a quien le correspondería el cargo.

Gemignani es un penalista de corte conservador que ha protagonizado duros enfrentamientos con el kirchnerismo ultra (que hace dos semanas lo removió del tribunal que entiende sobre la constitucionalidad del pacto con Irán) pero también con el gremialismo judicial luego de señalar la baja productividad del subrogante Luis Cabral durante su etapa en la Casación. Que Gemignani no presida la Casación asoma así casi como una obviedad. Pero el ascenso de Catucci (posiblemente acompañada por Eduardo Riggi), explora los límites de lo bizarro, más aún si se considera la situación procesal del camarista Riggi.

El fallo de la Corte sobre subrogantes habilita la situación de que los números necesarios para avalar jueces suplentes son similares a los que se precisarían para cubrir cuatro vacantes en la Casación con titulares.

Un triunfo del macrismo modificaría por completo el escenario de ese concurso tumultuoso: el académico Guillermo Yacobucci y el camarista Daniel Petrone serían dos figuras cuyos nombres comenzarían a cotizar en alza.

Este tribunal es el premio mayor para la política porque es la última instancia antes la Corte y en los meses recientes ha demostrado una permeabilidad que lo habilita a no sólo revisar sentencias generadas en juicios orales sino también a intervenir en procesos en curso, lo cual es atractivo si se considera la cantidad de expedientes que obnubilan al poder.

Estas cuestiones serán inmediatas para con la nueva administración que en el caso del macrismo se agregaría a la cruzada por la procuración general hoy en manos de Alejandra Gils Carbó. Tal como contó este diario, ayer en el radicalismo -que recalaría en la cartera de Justicia- se repasaron diversas opciones para destinar a la Bicameral del Congreso dedicada a la reforma Procesal Penal. El giro más reciente: una procuración con conducción colegiada.

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