Magistratura: Oyarbide, a prueba

Norberto Oyarbide

La onda expansiva del fallo de la Cámara Federal que eyectó al juez Norberto Oyarbide de la causa que investiga una supuesta defraudación en la Fundación Madres de Plaza de Mayo llegará hoy al Consejo de la Magistratura cuando los involucrados en el expediente impulsen presentaciones contra el juez. Serán alrededor de 10 pedidos de investigación alimentados por la resolución que firmaron los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

El Consejo de la Magistratura se encuentra en un nivel mínimo de actividad, especialmente desde que el kirchnerismo perdiera control sobre el plenario. El pasado viernes los consejeros que responden al oficialismo recurrían a la estadística para ensayar una suerte de blindaje sobre el juez: por reglamento, es complejo denunciar a un magistrado por lo actuado a nivel procesal durante un expediente.

En tanto, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, asignado la semana pasada, ya navega en el expediente. El primer desafío será la documentación retenida ya que Oyarbide ordenó más de 100 allanamientos y en todos ellos retuvo abundante cantidad de informes, comprobantes y registros. Una conducta al momento de las pericias que en 2012 la Cámara utilizó para señalar que la investigación sobre los hermanos Sergio y Pablo Schoklender era "errática" y "sin rumbo".

La terminología de los escritos de Oyarbide ofrece otros problemas de tipo más jurídico. Se habla allí en reiteradas ocasiones del delito de asociación ilícita en la categoría de "peligro abstracto" (o sea, dicha asociación con un fin que nunca llega a concretarse). Este entendimiento, que sustenta decenas de páginas, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.

Otro aspecto con el cual Martínez de Giorgi debe lidiar es la inexistencia de un peritaje dedicado a corroborar si las obras de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se realizaron o no y, en cada caso, en qué porcentaje. En el tercer piso de Comodoro Py sólo hay voluminosos informes de organismos públicos y privados cuyos datos no han sido ponderados en la instrucción ni comparados con otros indicadores; esta obligación se encuentra presente en el Código Procesal Penal.

Al mismo tiempo surgen enigmas de índole más pragmática, el principal: que sea necesaria la participación de 39 personas (son aquellas que el juez procesó) para un delito (asociación ilicita) que, por la experiencia acumulada en los tribunales, no suele superar la media docena de implicados.

Otros comentarios más subterráneos en la tarde del viernes de los tribunales de Retiro: la secretaría número 9 del juzgado de Oyarbide ostenta registros incómodos. La Cámara ya advirtió -por escrito- serios problemas allí en la causa de los pasaportes italianos falsos y de la llamada "mafia de los medicamentos" , de hecho el sindicalista Juan José Zanola denunció al juez por un supuesto intento de soborno. Esa oficina la dirige Carlos Leiva y en febrero de 2000, cuando Oyarbide se encontraba suspendido por el caso "Spartacus", el entonces juez Gabriel Cavallo, que había asumido las funciones del despacho, decidió apartarlo de los principales expedientes. Cuando Oyarbide regreso, volvió también la firma de Leiva.