Mal para Moyano: procesan a proveedor, asesor y ex hombre propio en Salud

Hugo Moyano

El entorno de Hugo Moyano quedó más comprometido en una causa judicial en la que se investiga la obra social del sindicato de camioneros (Oschoca). La Cámara Federal confirmó el procesamiento del principal proveedor de insumos médicos del gremio; de un funcionario ligado al sindicato, y de un auditor de la obra social. Se trata de la causa que impulsa el juez federal Claudio Bonadío por el presunto cobro irregular de subsidios o reintegros estatales por parte de la organización médica del gremio. En tanto que en la causa por la denominada «mafia de los medicamentos», a cargo de Norberto Oyarbide, el tribunal desprocesó y ordenó liberar a tres empresarios y volvió a advertirle al juez acerca de su accionar en la investigación.

En la causa de Bonadío, la Sala II de la Cámara ratificó los procesamientos de Marcos Hendler, dueño de la Droguería Urbana y aportante a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner en 2007; el exgerente de la Administración de Programas Especiales (APE) y actual asesor de ese organismo Hugo Sola, un abogado de confianza del gremio de camioneros, y Daniel Lombardero, auditor de Oschoca. La obra social que preside el propio Moyano está parcialmente gerenciada por la empresa privada Iarai, relacionada a su vez con Liliana Zulet, esposa del jefe de la CGT.

El cargo que el juez le achacó a Hendler fue presunta «defraudación por administración infiel en perjuicio del erario y por uso de marca registrada falsificada» y se basa en una serie de troqueles de remedios secuestrados en varios allanamientos. Con esos cartones, Bonadío sospecha que el gremio le había cobrado de manera indebida dinero público por tratamientos médicos que no prestó. El tribunal, en otro fallo, confirmó además el procesamiento del empresario como presunto integrante de una asociación ilícita.

Hendler quedó sospechado en la investigación a partir de una escucha telefónica en la que supuestamente le pide a Alexia Bergalli, directiva de una droguería competidora (Del Plata), enviarle troqueles que de acuerdo a sus dichos se habían «perdido en camioneros».

Respecto de Sola y Lombardero, los camaristas entendieron que tuvieron «una intervención esencial en un trámite que culminó en el otorgamiento de un reintegro fuera de los plazos reglamentarios y por poco menos de $ 50 mil, en relación con prestaciones brindadas durante un período temporal en el que el beneficiario ya había fallecido».

La misma sala del Tribunal resolvió ayer sobre la situación procesal de varios acusados en la causa de Oyarbide por la «mafia de los medicamentos». Ordenó liberar a Rubén Romano, exgerenciador del PAMI, y a su hijo Darío, así como a Carlos Torres, dueño de la droguería Multipharma. Al mismo tiempo dispuso la falta de mérito del dirigente mendocino Juan José Denaro, titular de la mutual del Personal del Agua y la Energía de la provincia. La Cámara confirmó, en cambio, el procesamiento del dueño de droguería San Javier, Néstor Lorenzo, uno de los primeros detenidos en la causa, hace un año y medio.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah volvieron a enrostrarle a Oyarbide falta de dirección y rigurosidad en la investigación, como lo hicieron en varias ocasiones en los últimos meses.