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Malvinas: lanzan acciones contra petroleras “ilegales”
Héctor Timerman presentó ayer documentación que señala qué empresas y en qué niveles tienen actividades petroleras en el mar Argentino usurpado en torno de las islas Malvinas y anunció acciones legales y políticas en todo el mundo.
En una conferencia de prensa que dio después de entrevistarse con Cristina de Kirchner en la mañana de ayer en Olivos, adonde concurrió acompañado por la excanciller radical Susana Ruiz Cerruti -encargada de Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores- y su jefe de Gabinete, Eduardo Zuain, el canciller entregó documentación y mapas que describen la acción de compañías con «licencias ilícitas», las que prestan servicios a las plataformas de perforación (logística) y las financieras y de asesoría, entre las que se incluyen las analistas de riesgo.
«Vamos a defender que los recursos naturales del Atlántico sur son propiedad de los argentinos y el Gobierno argentino asume la custodia de todos ellos», apuntó. «Este Gobierno no va a pasar un solo día en el que no lleve adelante una acción en un juzgado», destacó.
Timerman cuestionó a Gran Bretaña por «otorgar licencias para explorar zonas en conflicto y poner en riesgo de un accionar ilegítimo a las empresas que operan». El canciller aseguró que esto ratifica que «la Argentina sólo va a recurrir al camino legal, a la espera de que se cumpla con la ley».
Para estos fines se conformó un equipo especial de abogados que trabajarán en la Cancillería exclusivamente con este tema. Las acciones legales se harán ante los tribunales nacionales y se proyectarán «al exterior a través de un mecanismo de cooperación internacional». El equipo estará integrado por funcionarios de la Procuración del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación.
Según la información entregada ayer por el Gobierno, cinco compañías «poseen licencias ilegítimas», precisó el funcionario y detalló sus nombres: Argos Petroleum, Rockhopper, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas y Borders & Southern Petroleum.
Para Timerman, la ofensiva oficial apunta a que «sin la participación de estos actores», en referencia a las empresas que serán sancionadas o advertidas, el negocio del petróleo «no se puede llevar a cabo». Por ello, además de las acciones judiciales y administrativas, explicó que se emitirán «notas de advertencia» a las empresas que estén interesadas en las actividades petroleras en el Atlántico sur y se avisará «de la ilegalidad de sus acciones a todos los entes reguladores bursátiles».
Destacó que las plataformas petroleras Ocean Guardian y Leiv Eiriksson trabajan en la zona en cuestión asistidas por «al menos siete empresas» que proveen a poyo logístico, y dio un pormenorizado listado de las compañías que ofrecen financiación y otras que están interesadas en el negocio.
También se identificó a siete firmas que «brindan apoyo logístico», ya sea porque son propietarias de las dos plataformas que operan mar adentro -Ocean Guardian y Leiv Eiriksson- o porque ofrecen buques que llevan equipamiento y provisiones. Finalmente mencionó a un conglomerado de firmas que ofrecen servicios financieros, entre las que mencionó a bancos, asesorías, brokers, auditores, servicios jurídicos, lobbistas y analistas de riesgo.


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