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Mañana se despide ministra en acto
Un camión llevó ayer agua potable a los ocupantes del Parque Indoamericano.
Es cierto que impulsó un cambio cultural en los militares, quizá el mayor esfuerzo político de la gestión Garré, orientado a erradicar el concepto de poder de la cabeza de los uniformados. Cercenó cajas -la misma política que llevará ahora a la Policía Federal-, cortó vínculos militares internacionales, los aisló del ambiente político local, borró la verticalidad y la noción de autoridad de mando, pilar en toda estructura militarizada, y consiguió «civilizar» a los cuadros vía la modernización de la Justicia militar. Cualquier uniformado puede denunciar a otro de manera anónima; esta herramienta dio sus frutos a la propia conducción política: se destaparon casos de corrupción en procesos licitatorios del Ejército que investiga la Justicia y también la presunta aplicación de apremios ilegales por parte de personal de inteligencia de la Fuerza Aérea a militares destinados en el Grupo de Guerra Electrónica del Comando de Operaciones Aéreas.
Este episodio tuvo un giro inesperado: a principios de diciembre ingresó una denuncia penal al Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas contra Nilda Garré y demás funcionarios subordinados (entre ellos, el jefe y el subjefe de la Fuerza Aérea, Normando Costantino y Raúl Acosta; el ex director de Inteligencia Estratégica Militar, Carlos Aguilar, y el jefe de Inteligencia, brigadier Rodolfo Centurión. El expediente Nº 15.211/10 está caratulado de presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación fue realizada por un particular, Daniel Romero, quien ratificó la denuncia el jueves pasado según confirmaron fuentes del juzgado federal. El denunciante -dijo ser especialista en temas de seguridad, inteligencia y narcoterrorismo- solicitó al juez ser parte querellante habida cuenta de que tiene vías de investigación que podrían colaborar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Se le reprocha a Garré su distracción ante el conocimiento de la participación del jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea en investigaciones internas -vedadas por la Ley de Inteligencia Nº 25.520-, para averiguar datos acerca del robo de armas que ocurrió en el Grupo de Guerra Electrónica, dependencia del Comando de Operaciones Aéreas ubicada en el Aeroparque. En esas actividades se habría sometido a apremios ilegales a los sospechosos, todos uniformados, y también se los habría privado de la libertad, sin orden judicial, por casi 36 horas.


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