Maratón de civiles y oficiales para declarar en tribunales

La Justicia arrancó ayer con una batería de declaraciones de los responsables de la base aérea de Morón como parte de la investigación local por el jet Challenger detenido en España con 944 kilogramos de cocaína. El juez en lo Penal Económico Alejandro Catania comenzó a tomarles testimonio a diez funcionarios de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), y durante la semana hará lo propio con efectivos de la Fuerza Aérea.

Este lunes declaró el comodoro Jorge Ayerdi, máxima autoridad militar de la aeroestación de Morón, quien luego de testificar durante cuatro horas ante el magistrado fue relevado de su cargo, mientras que el viernes hizo lo propio Ricardo Palazón, el jefe civil de la base en representación de la ANAC. Fuentes oficiales no descartaron anoche que Palazón fuese el próximo fusible del escándalo.

Días después de la detención de los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, y de Matías Miret, el 2 de enero en Barcelona, el juez Catania recibió una denuncia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) presentada por orden de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Desde entonces se abrió un expediente que intenta establecer, en lo central, si la droga se cargó en la Argentina, como ya reconoció la propia Garré.

Catania ya realizó allanamientos en Morón y Ezeiza, los dos aeropuertos donde estuvo entre noviembre y diciembre hasta su partida a Barcelona, previa escala en Cabo Verde, África. El magistrado tomó documentos y computadoras de las oficinas de la Fuerza Aérea y la ANAC, entre otras dependencias. Y luego comenzó con las declaraciones.

La vigencia del secreto de sumario en España -que también rige en la investigación local- le impidió hasta ahora al juez contar con la información que le pidió a su par del Viejo Continente, en particular los datos contenidos en la computadora de a bordo del avión, que permitirían establecer los horarios de los vuelos entre Morón y España, y los pesos en cada escala. De ese modo, entiende el magistrado, se podrá determinar en qué punto exacto fue cargada la cocaína.

Las declaraciones de los diez agentes de la ANAC no aportaron ayer demasiado a la causa local. De hecho, al igual que su jefe Palazón, dijeron no tener responsabilidades en los controles en Morón. Catania citó también, entre hoy y el jueves, a una veintena de oficiales de la Fuerza Aérea. Es que de los cuatro accesos con los que cuenta la base de Morón, tres están bajo la órbita de la fuerza militar y el restante a cargo de los civiles de la ANAC.

Hasta ahora, la Fuerza Aérea y el organismo se culparon mutuamente por la falta de verificaciones rigurosas en la base. Algo similar ocurrió, como reflejó este diario, entre la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza. La PSA alegó haber recibido los datos sobre la presencia del Challenger en el principal aeropuerto del país recién diez minutos antes de su partida con destino final a Barcelona. Ese dato, dijeron en la fuerza, lo aportó la Aduana a través de una declaración jurada en la que no figuraba carga alguna dentro del jet de los Juliá.