Marcha atrás con el cargo extra en facturas de gas

La dolarización de los precios de la energía genera complicaciones a los usuarios y al Estado por la alta inestabilidad cambiaria.

48 horas. El lunes, en conferencia de prensa, Javier Iguacel ratificó el cobro del cargo extra a los usuarios. Ayer el Gobierno dio marcha atrás.

El Gobierno dio marcha atrás con el cobro de un cargo extra en las facturas de gas en 24 cuotas a partir de enero, para compensar el impacto de la devaluación sobre el precio. En apariencia, la solución provendrá de una quita del 50% de la deuda que las distribuidoras mantienen con las petroleras por las diferencias en el tipo de cambio, y de que el Estado se haga cargo del 50% restante.

En la práctica, las distribuidoras quedarán liberadas de la deuda, lo que mejorará los balances, y el Estado les pagará a las petroleras por la diferencia en el precio del gas consumido por el sistema nacional entre abril y septiembre que se cobró a un tipo de cambio de $20,34 implícito en las tarifas de todos los usuarios, y el valor del dólar que efectivamente se verificó.

El monto total, sin quita, podría llegar hasta $18.000 millones, pero todavía resta conocer el valor del dólar en noviembre y diciembre, porque el gas utilizado en septiembre se termina de pagar el último mes del año y el de agosto, en noviembre.

La deuda que asuma el Estado podrá ser pesificada como estaba planteado hacer con los consumidores, más el costo financiero, o dolarizada. De hecho, a partir de enero, el Gobierno tiene que afrontar también otra deuda con las petroleras, por el Plan Gas dispuesto por el Gobierno anterior y ampliado en mayo de 2016, por u$s1.583 millones que el Estado no pagó durante 2017 por el precio estímulo de u$s7,50 por millón de btu.

En este caso, según la resolución 97 de abril de este año, no se pagan intereses, pero la deuda se debe abonar en 30 cuotas mensuales en pesos, según el tipo de cambio del mes anterior al pago. Ahora, el proyecto de Presupuesto prevé realizar ese pago a través de un título cuyas características todavía no se conocen, pero que deberá respetar las condiciones de la Resolución 97.

Con la deuda con las petroleras por la devaluación sobre el gas consumido este año, el Estado tendrá que decidir si usa el mismo criterio de hacer un cálculo en dólares y pagar en esa moneda, o si pesifica el monto final y le añade los intereses.

En cualquier caso, se tratará de emisión de deuda no contemplada en el acuerdo con el FMI, y en momentos de grandes forcejeos por los recursos disponibles.

Pero peor que eso es que el problema recién empieza. Porque en los cuadros tarifarios que rigen desde ahora hasta marzo está implícito un tipo de cambio de $37,69 y habrá que ver cuál es el que finalmente se verifica hasta mayo de 2019, teniendo en cuenta que el gas se paga a los 75 días.

Es decir, la diferencia entre lo pagado por el gas usado hasta marzo a $37,69 y el valor del dólar que se registre en el mercado deberá nuevamente ser afrontada por el Estado. No sólo por la fuerte reacción adversa que generó la medida que ahora se derogará, sino también porque en la Justicia primaría el criterio de que el pago de los usuarios significa cancelación total de la obligación.

El origen del problema parece estar en las complicaciones que genera la dolarización de los precios de la energía en un país con una alta inestabilidad cambiaria. Desde el punto de vista de los usuarios, la consecuencia por lo menos en el próximo año será un nuevo encarecimiento del gas y la electricidad sólo por la evolución del dólar.

Un dato elocuente es que el precio del gas se fijó para octubre-marzo en aproximadamente u$s3,90 por millón de btu, inferior a u$s4,68 que rigió en el último invierno. Esa rebaja se atribuyó a que en los meses estivales hay un excedente de gas, e igual deparó aumentos en tarifa final de más del 50% para la mayoría de los residenciales y de más del 100% para pequeños comercios y talleres.

Si en abril, se vuelve al valor de u$s 4,68 a un tipo de cambio de $42, las facturas del próximo invierno serán un 100% más caras que en la misma época de este año, considerando también ajustes por inflación en transporte y distribución.

Para aliviarlo, el secretario de Energía, Javier Iguacel, impulsa la factura plana, de modo que lo que se gasta en invierno se termine de pagar el verano siguiente. Habrá que ver cómo se logra que el costo financiero no recaiga sobre los usuarios, porque hasta ahora todas las empresas se niegan a hacerse cargo de la financiación.