Más competencia, no menos

Sale un consumidor de su casa a hacer las compras. Su primera elección es a cuál comercio irá; para ello considera diferentes factores, que incluyen los precios, las ofertas, el transporte y el aspecto del establecimiento. Una vez en él, debe elegir entre diferentes productos; para ello compara los precios de los bienes y los pondera por sus preferencias y la calidad de éstos. Por último, debe elegir qué método de pago va a utilizar. Sería lógico suponer que esa decisión también se basa en cuál es el método más económico y conveniente. Sin embargo, eso no es así.

La ley de tarjetas de crédito (Ley 25.065) establece en su artículo 37 que el proveedor está obligado a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta. Si el monto a pagar en efectivo es $ 100 también, debe ser $ 100 si el consumidor elige pagar con la tarjeta de crédito X, Y o Z. Como el mecanismo de precios no puede funcionar producto de la regulación, las tarjetas compiten (imperfectamente) vía premios, promociones y descuentos.

Las restricciones legales que impiden a las empresas competir por precios no son nuevas ni se limitan a las tarjetas de crédito. Otro ejemplo de este tipo de política es la llamada regulación Q promulgada por la Reserva Federal durante la gran depresión. Esta regulación ponía techos a las tasas de interés que podían pagar los bancos sobre sus depósitos. Cuando las tasas de interés subieron, los bancos comenzaron a competir por los fondos del público con mecanismos alternativos como la creación de nuevos productos financieros que escapaban a la regulación (como las money market accounts) o las famosas promociones que "regalaban" un electrodoméstico a quien abriera una cuenta bancaria y los sorteos asociados a los saldos bancarios.

El mercado de medios de pago no es el ejemplo de un mercado competitivo. Más competencia es deseable, pero sin un sistema de precios que guíe las decisiones de los agentes no se va a solucionar el problema.

(*) Universidad del CEMA.