Más contra el campo: aumenta el control a las exportaciones

• LES SACA LA AFIP A BOLSAS DE CEREALES EL REGISTRO DE COMPRA Y VENTA DE GRANOS • SERA GRATIS • PRETEXTO, BLANQUEAR EL SECTOR

En otro avance en el control de las exportaciones de granos, uno de los ejes de la pelea con sectores del campo a los que identifica con la oposición política, el Gobierno centralizará desde hoy en la AFIP el registro de los contratos de compra y ventas de cereales, que desde el Gobierno de Carlos Menem están en manos de seis bolsas de cereales de todo el país.

La norma, mantenida hasta ahora en secreto para no provocar algún beneficio a quien la conociera por adelantado, se publica en el Boletín Oficial de hoy y la explicará en detalle en una rueda de prensa el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

El registro de estos contratos es una de las obligaciones de quienes compran granos para exportar y se hacía, por delegación del Gobierno en tiempos de Domingo Cavallo, en las bolsas de cereales. Según el Gobierno, que centraliza el trámite con el argumento de que lo descentraliza en las más 200 agencias de la AFIP que hay en todo el país, el actual sistema provocaba en los exportadores un costo que ahora no tendrán porque la extensión de la llamada «oblea» que registra esos compromisos será totalmente gratuita.

Las bolsas de cereales (seis en total) dirán que ellos tampoco cobraban por extender la «oblea», pero sí aranceles por gastos de administración que implicaban un costo que ahora desaparece. Esas bolsas, dirá la administración, también habían creado una rutina para el trámite de las «obleas» que discriminaba a algunos sectores a quienes les costaba mucho más lograrlas. Entre esos sectores están las cooperativas y los productores chicos de zonas alejadas de las sedes de las bolsas de cereales. 

Continuidad

Esta asunción por parte de la AFIP del trámite sigue a otra medida anterior del Gobierno por la cual le quitó a la Federación Agraria Argentina -cuyo titular, Eduardo Buzzi, pertenece a la Mesa de Enlace de entidades agrarias que le propinó al Gobierno la derrota política más fuerte que hayan tenido las presidencias Kirchner- la extensión de las llamadas cartas de porte. Con esa medida le quitó no sólo una fuente de financiamiento a la FAA, sino que le restó poder político hacia adentro del sector agropecuario. Buzzi negó que ese ingreso fuera importante para el mantenimiento de la entidad, pero ese disparo desde la Casa de Gobierno le significó una merca de $ 10 millones a los agraristas de este sector.

La cesión a la FAA y a algunas de las bolsas el trámite de las cartas de porte fue también una medida «noventista» de Cavallo. Seguía a una política de descentralización que la administración Menem continuó en otros terrenos y que en los dos mandatos Kirchner se ha intentado revertir. La descentralización parecía un proceso ligado a la desregulación y alcanzó no sólo a la economía, sino también a la educación. El peronismo ortodoxo que simula reivindicar Néstor Kirchner alentó siempre la concentración de atribuciones en su Gobierno, con la excepción del ciclo Menem, que se empapó de la ideología descentralizadora de los años 90. Con el descrédito del capitalismo de mercado tras la crisis financiera internacional, el Gobierno de Cristina de Kirchner vive en una embriaguez estatista. Ese clima les dio espacio político a medidas como la estatización de las AFJP, Aerolíneas o esta reacción de recuperación del manejo de cartas de porte u obleas de exportación que hace dos años hubieran sido impensables.

Esta decisión la enmarca el Gobierno también en su campaña para el blanqueo de la actividad agropecuaria. En su pelea con el campo, Kirchner cree tener en este punto un arma letal: la actividad tiene un alto grado de informalidad, según el Gobierno, mayor que el promedio general de la economía. Para atacar a sus adversarios del partido del campo, el oficialismo ha recopilado carpetas y carpetas en donde constan volúmenes de producción y comercialización, circuitos financieros que marcan la ruta del dinero en las exportaciones que incluyen el destino de muchas operaciones a paraísos financieros.

Hasta ahora, el Gobierno no ha pasado de amenazas con este arsenal que cree contribuiría a quebrar la simpatía que hay hacia el campo en la opinión pública mayoritaria del país. En la Argentina, la elusión de los impuestos es otra de las manifestaciones de la rebelión del público contra el Estado, con éste y otros gobiernos. La cautela con la cual se mueve en este terreno el Gobierno obedece a su temor de que estas medidas de blanqueo del campo sean también rechazadas por el resto del público.

Parte de este blanqueo es que la AFIP sea ahora la encargada de la repartición que revise esos contratos de contra-venta de granos, tarea hasta ahora privatizada en manos de las bolsas de cereales. El Gobierno nunca dirá que esos contratos puedan encerrar picardías impositivas, pero un funcionario de la cúpula de la AFIP explicó anoche en Olivos: «Desde ahora nadie se va a animar a meter cualquier contrato».