Más polémica por tarifas de gas

Julio De Vido

La confirmación del Ministerio de Planificación sobre los aumentos de hasta el 400% en las tarifas de gas y electricidad que se volverán a aplicar a partir de mañana, renovará la polémica sobre la validez de esos ajustes y en particular sobre el cargo adicional establecido por el Decreto 2.067 para afrontar en principio importaciones gasíferas.

Las subas fueron suspendidas en un 100% para junio y julio y en un 70% para agosto y setiembre, debido a las fuertes reacciones en contra. El Gobierno espera ahora que la presión disminuya porque el peso de los ajustes será mucho menor en la etapa primaveral, y sólo se notará en la electricidad cuando por las temperaturas altas, se generalice el uso de aparatos de aire acondicionado.

Por lo pronto, diputados de la oposición pidieron ayer a la oficialista Rosana Bertone, que convoque de urgencia, en su carácter de presidenta, a la comisión de Energía de la Cámara, para tratar un dictamen que declare inconstitucional el decreto 2067. El organismo no se reúne desde la mañana del 12 de agosto, cuando sorpresivamente se presentó el ministro Julio De Vido para anunciar la suspensión de los incrementos.

Los legisladores opositores planean autoconvocar a la comisión, si Bertone no da respuesta hoy por la mañana. No obstante, los diputados del oficialismo, que en agosto no querían respaldar el cargo en las tarifas de gas, parecen ahora menos apremiados.

El sindicalista Guillermo Pereyra dijo también que una de las razones para levantar el paro fue «la conformación de una mesa de negociación con las provincias productoras, las cámaras empresarias, el Gobierno nacional y las organizaciones gremiales que deberá dar sus conclusiones en 12 a 15 días, y trascurrido ese lapso se deberá llamar a audiencia pública». Pereyra explicitó un sendero que parta de u$s 2 el millón de btu (hoy en promedio estaría en u$s 1,60) para llegar a u$s 5 en dos años.

Esas posiciones reflejan además, el escepticismo de las petroleras sobre los fondos a recaudar con el cargo en las tarifas. En primer lugar porque la cifra se reduciría fuertemente al aplicarse el adicional sólo entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, y de esa suma, la mitad sería para las productoras.

En segundo lugar, los fallos adversos de la Justicia conspiran contra el cobro del adicional: algunas distribuidoras están planeando separar el total con o sin cargo para que el cliente decida el monto a abonar. Por último, los fallos anticipan que en la cuestión de fondo, la Justicia declararía la inconstitucionalidad del decreto con el argumento de que el cargo es un impuesto, no un costo tarifario, y que debió ser aprobado por el Parlamento.