Más provincias a la Corte por el 15% de la coparticipación

Alberto García Lema y Juan Carlos Maqueda

 Las provincias de San Juan, La Rioja, Neuquén y Entre Ríos ya impulsan causas ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo contra el régimen de coparticipación del oficialismo, que niega a las provincias el 15% de dichos fondos retenidos por la Nación. Estas presentaciones implican un desafío adicional para el Gobierno, que busca que el Congreso avale el DNU firmado por Mauricio Macri, lo cual hasta ahora no parece un trámite por la negativa inicial del peronismo referenciado en Sergio Massa.

Las provincias que reclaman se suman de este modo a la línea que en los últimos años han exhibido San Luis (que motivó el último fallo resonante de la Corte en esta materia), Córdoba y Santa Fe. La coparticipación se transforma de este modo en el asunto más candente que ostenta la Corte respecto de la política económica de la actual administración.

A diferencia del reclamo original, que tiene argumentos de tipo matricial, estos nuevos litigios hacen foco en la excepcionalidad del DNU. A comienzos de noviembre, cuando ya el macrismo se encaminaba a la Casa Rosada, la Corte emitió un fallo a partir de un caso que proviene del rubro de las aseguradoras que reclamaban contra dos decretos de necesidad y urgencia por los cuales el Ejecutivo les permitía a empresas de transporte aerocomercial no asegurarse con compañías de seguros locales.

A semanas de un cambio de administración, ese fallo podría resultar premonitorio. En dicha ocasión, Ricardo Lorenzetti recordó que este tipo de decretos son para ocasiones excepcionales, en tanto que Juan Carlos Maqueda fue más allá. El justice redactó su propio voto sobre la base del leading case "Consumidores argentinos". Ese precedente estima que a no ser que el Congreso se encuentre bajo una situación extrema (alude a convulsiones sociales), los DNU no son viables. Para tener en cuenta, más si se considera el paso previo de Maqueda por el Senado antes de recalar en el cuarto piso.

La constelación de abogados que visitan al Presidente ya le han dado a entender que toda la jurisprudencia cortesana de los últimos cinco años es restrictiva en cuanto a la discrecionalidad de las decisiones de su oficina. Por eso no debería sorprender que Carlos Rosenkrantz, el candidato más identificado con el mandatario, prácticamente no se ha expedido sobre estas cuestiones.

Diferente es la situación de Horacio Rosatti, que integra abiertamente una corriente similar a la de Maqueda e inspirada por Alberto García Lema, constitucionalista full time del peronismo: que la reforma constitucional de 1994 tenía por objetivo limitar el centralismo.

Por cierto, llama la atención en los conciliábulos de la Corte la idea del massismo legislativo de proponer modificaciones al DNU sobre la coparticipación que en estos momentos analiza el Congreso. La Ley 26.122 que regula dicha herramienta no contempla cambios, no hay segundas oportunidades, los DNU se validan o se rechazan. Además, cualquier cambio daría a entender la posibilidad de un nuevo decreto. Resta preguntarse, en ese caso, cuál es el concepto de urgencia porque en primera instancia se trataba de revocar una ley dictada por un Gobierno que estaba de salida. El panorama ya no es el mismo.