Más seguridad y auxilio extra a los intendentes

Mariano Cascallares (Brown), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), ayer junto a la gobernadora María Eugenia Vidal al término de la reunión en La Plata.

Buenos Aires - María Eugenia Vidal envió ayer a la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto que declara la emergencia en seguridad por un año, habilitando recursos adicionales y reeditando la iniciativa de Daniel Scioli de convocar a policías retirados para sumarse a la custodia de edificios públicos.

En abril de 2014, el exgobernador decretó la emergencia en seguridad en la provincia, durante doce meses, con el objetivo de "agilizar" los recursos materiales y humanos para "acorralar el delito". La primera medida fue la compra de patrulleros por $600 millones. Luego, la entrada en vigencia de la Policía Local.

Ayer, en la ley de Presupuesto girada a la Legislatura, Vidal pidió destinar a esa área $36 mil millones.

El envío de la Ley de Emergencia fue el corolario de una serie de encuentros que mantuvieron funcionarios bonaerenses con intendentes, inquietos por el avance de la inseguridad en sus distritos -en especial en el conurbano-. Primero fue el turno del ministro de Seguridad Cristian Ritondo, que llevó tranquilidad a los caciques de la Costa Atlántica frente al Operativo Sol que se lanzará el próximo martes.

Ritondo les aseguró que "tendrán una policía preparada para situaciones de emergencia y que se adapten a la identidad de cada distrito". "Queremos reforzar lo que haya faltado el año pasado en cada municipio y brindar una señal de tranquilidad a las familias en la previa a las festividades", dijo el ministro.

Del encuentro participaron Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Martín Yeza (Pinamar), Carlos Arroyo (Mar del Plata), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Facundo López (Necochea), Germán Di Cesare (Miramar) y Carlos Santoro (General Madariaga). También estuvieron José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Carlos Alberto Rondo (Mar Chiquita) y el jefe subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Bressi y Fabián Perroni, respectivamente.

Después fue el turno de la gobernadora, que calcando la matriz de Mauricio Macri que reunió a todos los gobernadores 24 horas después de haber asumido, recibió a 130 de los 135 intendentes de la provincia en La Plata. Les pidió "trabajar en equipo" más allá de los colores partidarios, y se comprometió a evaluar la situación de cada distrito para otorgar asistencia financiera en los casos que lo requieran, en especial para el pago de salarios y aguinaldos.

Y adelantó, en este sentido, que desde hoy el ministro de Economía, Hernán Lacunza y el de Gobierno, Federico Salvai "se reunirán con los intendentes por sección electoral para analizar planteos puntuales de cada municipio".

En cuanto a la ley de seguridad, la iniciativa se faculta al Ministerio de Seguridad a adoptar en forma inmediata todas las medidas que resulten necesarias "pudiendo proceder a la reorganización y planificación de los aspectos de gestión, operativos y funcionales de recursos humanos y materiales del Sistema de Seguridad Pública provincial".

También se autoriza a las carteras de Seguridad y de Justicia "a ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros necesarios", a realizar "adecuaciones presupuestarias", a "celebrar convenios y acuerdos, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a fin de gestionar la mejor aplicación de los recursos".

A la vez, habilita a convocar servicio nuevamente al personal policial que se encuentra en situación de retiro activo; es decir, aquellos efectivos que pasaron a retiro por haber prestado los años de servicios y cumplir con la edad para acceder a la jubilación.

El proyecto también faculta al Ministerio de Seguridad "a reasignar funciones y destinos a todo el personal de las Policías de la provincia y resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio, pudiendo, asimismo, jubilar o pasar a retiro según el caso" y a "adoptar las medidas tendientes a priorizar la afectación de personal policial a funciones operativas".

En esa línea, permite al Ministerio de Economía "efectuar las adecuaciones presupuestarias, reasignación de recursos, afectación y/o incorporación de las partidas que resulten menester para cumplir con los objetivos establecidos en la presente ley".