• EL LEGISLADOR PRESENTÓ UN PROYECTO HACIA FINES DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO PASADO En agosto de 2014 la expresidente y actual senadora dijo que la había aplicado para denunciar a los responsables de la imprenta Donnelley, tras el cierre de un establecimiento y despido de trabajadores. A los pocos días, el Gobierno camporista dio marcha atrás y habló de “confusión”.
Puntos de vista. La expresidente defendió a rajatabla una ley que ahora su hijo busca cambiar, aunque con el kirchnerismo lejos de la administración central y del control sobre fuerzas de seguridad.
La denominada "Ley Antiterrorista" que sancionó el Frente para la Victoria a fines de 2011 fue una de las pocas iniciativas que generó ruido incluso en adyacencias oficialistas: "organismos" de Derechos Humanos como el CELS o grupos de "intelectuales" como Carta Abierta advirtieron sobre probables riesgos de criminalización de protesta social. Después de seis años, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto para modificar la norma que empujó en su momento su madre, la expresidente y actual senadora nacional, Cristina de Kirchner, y despejar esas dudas recién ahora.
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En concreto, el tercer artículo de la ley planteó incorporar al "Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies del Código Penal, el siguiente texto: 'Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional'".
La iniciativa establece "prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados", para financiar algún delito relacionado con el artículo 41 quinquies. El Gobierno camporista argumentó en su momento que la norma se dio tras un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), principal foro intergubernamental para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ahora, Máximo Kirchner propone que el 41 quinquies no se aplique "para hechos acaecidos en ocasión de una congregación intencional y temporal de personas, en un espacio público o privado, que estuvieran reivindicando, reclamando, peticionando, protestando o realizando cualquier tipo de manifestación social, sobre derechos humanos, económicos, sociales, culturales, políticos, laborales, estudiantiles, sindicales, ambientales, de usuarios, consumidores, género, identidad sexual, de salud, educación, justicia, o cualquier otro derecho o garantía constitucional".
El diputado, además, explicó: "Mucho se ha criticado al Gobierno anterior por la sanción de la denominada Ley Antiterrorista. La principal crítica realizada fue que la misma iba a ser utilizada para la criminalización de la protesta social, en la medida que en el agravante del artículo 41 quinquies entraría cualquier manifestación pública con exigencias al Gobierno. Pero la única verdad es la realidad. Y la realidad es que, mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, nunca se impulsó la aplicación de dicha ley en contra de la protesta social".
La expresidente sí intentó utilizarla, en agosto de 2014, cuando la gráfica Donnelley anunció la partida del país y cierre de su planta de la localidad bonaerense de Garín, donde empleaba a 400 personas. "Estamos haciendo uso por primera vez de la ley que se llamó 'ley antiterrorista'. Bueno, ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores. No", sentenció la exjefa de Estado.
Días después, el entonces titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, manifestó la existencia de una "confusión". En esa línea, explicó: "La denuncia que estaría haciendo la AFIP tiene que ver con quiebra fraudulenta, que se está investigando en el juzgado del juez -Daniel- Rafecas".
Vanoli también explicó que "como derivación de la quiebra fraudulenta podría llegar a aplicarse un artículo del Código Penal, el 309, de la Ley 26.733, que es la Ley de Delitos Económicos y penaliza prácticas fraudulentas (...) Esa ley fue aprobada en conjunto con la ley de financiamiento del terrorismo, la posterior, la 26.734 y de ahí deriva la confusión. Esto no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo".
Antes de despejar esa "confusión", la oposición empujó sin éxito una derogación de la ley. "Argentina no puede estar ajena al orden jurídico internacional en un tema tan sensible como el terrorismo; máxime luego de los trágicos atentados perpetrados por el terrorismo internacional contra la Embajada de Israel y la AMIA, que causaron centenares de muertos y heridos. Por todo ello, el país debía receptar especialmente esas convenciones", dijo en defensa de la norma el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. "Sería fuertemente condenada por los países que luchan contra el financiamiento del terrorismo internacional y por el GAFI en especial, que consideraría esa medida un retroceso incomprensible e inaceptable", agregó.
Durante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2014, Cristina de Kirchner exclamó: "Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no puede ser que diez personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan y que no pase nada". Casi cuatro años después, y tras varios amagues del oficialismo, todo sigue igual. El proyecto de Máximo fue presentado y, menos de un mes después, las cercanías del Congreso fueron por horas un tsunami de piedras. Se trataba de debatir el nuevo cálculo de actualización previsional.
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