Medicamentos: turno de indagatorias esta semana

Norberto Oyarbide

El plazo que el juez Norberto Oyarbide estableció para analizar las pruebas vinculadas a la causa conocida como «de la mafia de los medicamentos», y citar a los posibles imputados a declaración indagatoria, ya se vence. El avance del caso y las numerosas medidas que el magistrado ha ordenado en estos días indican que Oyarbide impulsará efectivamente estos interrogatorios, aún cuando la recusación que, el secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, presentó contra él por supuesto prejuzgamiento, todavía no fue resuelta por la Cámara Federal. De acuerdo al cronograma que anticipó el magistrado, esta semana ya debería arrancar la agenda de citaciones.

Tanto el sindicalista, como su mujer, Paula Aballay (gerenta de Atención a Beneficiarios del Policlínico Bancario) son señalados como posibles imputados en la investigación por supuesta adulteración y venta ilegal de medicamentos, que habrían sido suministrados a afiliados de la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA).

Hace 15 días, y en medio del escándalo que generaron las supuestas conexiones del propietario de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo (supuesto principal imputado en la causa), con la Bancaria y distintas obras sociales a las que proveía remedios oncológicos y contra el HIV, el juez anunció que llamaría a declarar como imputados a Lorenzo y Zanola, así como calificó su situación de «muy complicada».

La declaraciones públicas del magistrado dispararon la recusación del gremialista, quien aseguró que el juez habría prejuzgado su situación en la causa con sus dichos a la prensa. Esta presentación debe resolverse en la Cámara Federal, que el jueves pasado recibió a los abogados de Zanola, para que ampliaran su escrito y ratificaran las objeciones hechas al juez.

Este tipo de pedidos retrasan los procesos, ya que, en general, el juez objetado se abstiene de ordenar cualquier tipo de medida hasta que se resuelva su recusación. Si bien el Código Procesal Penal no indica que el juez deba inhibirse, mientras se define su situación, en la práctica ocurre de esa manera.

No fue el caso de Oyarbide, quien, si bien bajó el perfil y ordenó el secreto de sumario sobre el caso, continuó avanzando con allanamientos -a las oficinas del BAPRO, por ejemplo, donde la semana pasada buscó documentación sobre un fideicomiso firmado entre Lorenzo y Zanola- y arrestos en pesquisas supuestamente vinculadas a este caso principal.

Así, todo indica que esta semana Oyarbide dará inicio a la anunciada y extensa lista de funcionarios y sindicalistas que deberán desfilar por su despacho en Comodoro Py para declarar en la causa. Zanola, Lorenzo y el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, son algunos de los nombres más explosivos de esa nómina.