Medios: Gobierno apura decisión clave de Cámara

Juan Manuel Abal Medina

El Gobierno se presentó ayer ante la Cámara Federal en lo Civil y Comercial para pedir que el expediente por la ley de medios se trate durante la feria judicial y de esta forma haya una resolución para el mes de febrero.

Los jueces de la Sala I de la instancia revisora son quienes deben tratar la apelación del monopolio Clarín a la sentencia de primera instancia del juez Horacio Alfonso, quien entendió que los artículos de la norma cuestionados por la empresa (los dos que hablan sobre desinversión) son constitucionales.

El pedido responde al interés del oficialismo de que la apelación se trate cuanto antes y no según los 60 días con los que cuenta la Cámara.

Firmantes

El planteo se realizó ayer minutos antes de las 9 y llevó la firma de los abogados de la Jefatura de Gabinete. Estos letrados ya prevén que el fallo será adverso y por eso buscan evitar demoras. Con la convicción de que la Cámara revocaría la sentencia de Alfonso y diría que los artículos en puja son inconstitucionales, ahora apuntan a la apelación que deberán presentar ante la Corte Suprema.

No se trata de un «per saltum», ya que el máximo tribunal es la alzada de la Cámara.

El pedido de la oficina de Juan Manuel Abal Medina será analizado por los jueces Francisco de las Carreras, Ricardo Guarinoni (ambos integrantes de la Sala I) y por Graciela Medina, titular de la Cámara que subroga durante la feria de verano a Susana Najurieta. Esta camarista, que junto a De las Carreras ha firmado dos fallos favorables al monopolio, volverá a su despacho en la última semana de enero, un detalle que los abogados del kirchnerismo no pierden de vista.

Si bien ayer a última hora en el Gobierno todavía esperaban la respuesta de los jueces, la estadística anticipa malos pronósticos. De las Carreras es un camarista con un sentido absolutamente restrictivo del criterio de los temas que se pueden tratar en período de feria. De hecho, ya ha comentado en privado que no percibe la «urgencia» que argumentan los abogados del oficialismo.

Al igual que ocurre en la Corte, los camaristas prefieren entender la polémica por la ley de medios como una cuestión de rutina. Ayer por la mañana, como un comentario al pasar, recordaban que actualmente en la Cámara del fuero Contencioso Administrativo (donde alguna vez han subrogado vacantes) se encuentra litigando un grupo de bancos tanto nacionales como extranjeros que se oponen a sanciones impuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF). No dejaban de mencionar la envergadura de algunas de esas corporaciones y la mínima actividad de los letrados del Estado en esos expedientes.

Objetivo

El Gobierno pretende que los tiempos no se estiren para separar lo más posible las definiciones procesales de la ley de medios de las elecciones legislativas de octubre, algo que también, en forma más discreta, desean los ministros de la Corte.

Es por esto que en su último acuerdo del año manejaron la posibilidad de que, en caso de que la Cámara demore su fallo, puedan fijarle plazos. A pesar de esto, en su último escrito de 2012, cuando los ministros rechazaron el «per saltum» y confirmaron la medida cautelar que favorece a Clarín, la Corte no le estableció plazos o fechas a la Cámara.

Habilitación

En caso de que se habilite la feria, la empresa tendrá 10 días hábiles para ampliar los argumentos de su apelación. El mismo tiempo que tendrá el Gobierno para responderlos. Así como en la Corte los abogados del oficialismo son blanco de críticas y chicanas, en la cámara el escenario es similar, con la diferencia de que los camaristas de la Sala I suelen fustigar a estos funcionarios por escrito.

Es seguro además que el próximo fallo de estos jueces incluiría ácidos comentarios para con la sentencia redactada por el subrogante Alfonso, por considerarla demasiado abstracta en cuanto a su jurisprudencia.

Interesante giro: los abogados que ayer solicitaron acelerar los tiempos son los mismos que dos días antes del llamado 7-D recusaron a toda la Cámara, en la que fue considerada por los jueces una «conducta obstruccionista».