Medios: Gobierno contra el ‘‘per saltum de hecho’’

Julio Alak

El Gobierno cuestionó ayer la presentación del Grupo Clarín ante la Corte Suprema por la ley de medios. Sostuvo que la empresa busca «mediante un per saltum de hecho» extender la medida cautelar sobre la cláusula de desinversión que caduca el 7 de diciembre. Mientras tanto, en el máximo tribunal se mantuvieron conversaciones discretas entre los ministros cuyos secretarios ya analizaban el escrito que ingresó por mesa de entradas. Cuestiones técnicas, pero también políticas, dominaron estos intercambios que expresaron una incipiente conclusión: la jugada de la empresa es una invitación a la Corte para pasar al centro de la escena (en lugar de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial), un protagonismo que pocos magistrados desean a días de una fecha tan definitiva.

El escrito de Clarín fue redactado por Alejandro Carrió y consensuado con Pablo Casey, ejecutivo de Asuntos Públicos del holding. Es un texto voluminoso y que recorre diversos aspectos de la causa judicial. Además de expresar el rechazo a que la Cámara Civil y Comercial se integre con exponentes del fuero Contencioso Administrativo y de solicitar una extensión de la medida cautelar, el escrito detalla, con distinta jurisprudencia, las diversas ocasiones en las cuales se ha resuelto que el litigio por la ley de medios corresponde al fuero Civil y Comercial y no al Contencioso.

En este sentido, el planteo de la empresa a la Corte argumenta que, mediante las diversas recusaciones impulsadas contra los camaristas de dicho fuero, el Gobierno finalmente ha conducido la causa a un destino premeditado. En este sentido fue determinante la noticia de que la recusación del camarista Francisco de las Carreras sería definida por dos camaristas del fuero Contencioso. En el escrito se detalla una supuesta influencia del Gobierno en este ámbito.

A partir de un escenario en el cual el tiempo corre en contra, el escrito también apela directamente a una jurisdicción especial de la Corte Suprema que sostiene que cuando se da un estado de «privación de justicia», el máximo tribunal puede in-tervenir para normalizar el servicio que debe prestar la Justicia.

Recorrida

Ayer por la mañana los abogados de Clarín visitaron distintos despachos del cuarto piso del Palacio de Tribunales con el objetivo de conversar con los secretarios letrados (los ministros han firmado una acordada según la cual sólo reciben abogados cuando ambas partes están representadas). Esto posibilitó conocer que desde hace algunas semanas el penalista Mauricio de Núñez ha comenzado a intervenir en la puja judicial contra el kirchnerismo. Su rol cobrará importancia de cara al llamado 7D, cuando el expediente se desplace del ámbito del derecho privado y del constitucional.

Los miembros de la Corte interpretan la presentación como un último recurso antes de la fecha clave. Pero también hay dudas, como por ejemplo, el motivo por el cual Clarín no ha recusado todavía al juez subrogante Horacio Alfonso, actualmente en el juzgado de primera instancia, donde la empresa litiga. Un dato a tener en cuenta: los jueces coinciden en que la Corte ya se ha expresado sobre la cuestión y que por esto mismo el tratamiento de la presentación no debiera tener tiempos extraordinarios.

No por nada, ayer por la mañana hubo quienes recordaron el caso de las empresas cementeras que realizaron un pedido ante el máximo tribunal para revisar multas millonarias provenientes de la Cámara de Casación Penal. Esto fue en julio. La cuestión se podría resolver en marzo de 2013.