Megacanje: se quejó Sturzenegger por procesamientos

El diputado nacional Federico Sturzeneg-ger (PRO) calificó de "disparate" el procesamiento dictado en su contra por su participación en el megacanje del Gobierno de la Alianza, en 2001, y consideró que se trata "más de una decisión política que judicial". Sturzenegger, extitular del Banco Ciudad y en 2001 secretario de Política Económica, fue procesado por el juez federal Sebastián Ramos junto con otros siete exfuncionarios de la Alianza que participaron en la operación, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

A través de su cuenta en la red social Facebook, el legislador se desvinculó de la contratación de los bancos que asesoraron en aquella operación (uno de los ejes de la causa judicial) y dijo sospechar de una intencionalidad política: "Todo esto a unos pocos días de que jurara como diputado por el PRO. Puede ser simplemente una casualidad. ¿Lo será?", se preguntó. Y agregó: "¿O será que al Gobierno no le gusta que haya gente que cuestione sus políticas y que lo haga con argumentos?".

Sturzenegger arrancó su descargo con una justificación de la decisión de avanzar en el megacanje, que como cualquier operación de esa índole "consiste en reprogramar deuda que está por vencer en una deuda con mayores plazos" y apuntó que "es algo que se hace todo el tiempo, en todos los países". Sostuvo que en 2001, "con una situación muy complicada, tenía sentido extender los plazos de vencimiento de la deuda" y dijo que también lo hicieron Néstor y Cristina de Kirchner en sus mandatos.

Junto con el actual diputado, el juez Ramos firmó la semana pasada los procesamientos del exsecretario de Hacienda Jorge Baldrich; del exsubdirector de Financiamiento Julio Dreizzen; de Horacio Liendo, exasesor del entonces ministro Domingo Cavallo; Norberto López Isnardi, exdirector Financiación Externa; Ernesto Marcer, exprocurador del Tesoro; Carlos Molina, exdirector nacional de Crédito Público; y Guillermo Mondino, exjefe de gabinete de asesores del ministerio.

Para el magistrado, que tiene en sus manos el expediente desde octubre de 2012, la operación implicó una fuerte suba de los intereses y del monto del capital adeudado, así como comisiones millonarias para los bancos que participaron como facilitadores.