“Megacausa Cristina” sin juicio oral hasta 2019 (año electoral)

Como preanunció Cámara, se avanza a maniobra integral. Pero con más de 70 imputados se auguran plazos laxos. Definición Hotesur en 2018.

Julián Ercolini.

El primer indicio para delinear el escenario judicial que deberá enfrentar Cristina de Kirchner lo dio la Sala II de la Cámara Federal cuando el 30 de junio de 2016 ordenó la creación de una "megacausa" que agrupe todos los expedientes donde se investiga a la expresidente. Ese escenario quedó finalmente configurado con la decisión del juez Sebastián Casanello de remitir la causa por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez para que se una a la de direccionamiento de la obra pública, donde ya habían confluido Los Sauces y Hotesur. Todo ese paquete, bajo el mando del juez Julián Ercolini parece ensombrecer el futuro político de la exmandataria pero a la vez es la garantía de que por más que se busque acelerar los tiempos, nada llegará a juicio oral antes de 2019, año electoral. Entre todos los casos, suman 70 imputados, cuyos recursos de defensa pueden dilatar aún más una definición.

La instrucción de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah se cumplió en etapas. En la primera intervención referida a la causa Báez, los jueces encomendaron un intercambio de información entre los jueces por "eventuales conexidades" con otras causas en las que se investigaba una supuesta asociación ilícita. El 31 de mayo de 2017 insistieron de forma explícita encargando que se vinculara como delito precedente el otorgamiento de obra pública como origen de la maniobra de lavado de dinero. Como adelantó Ámbito Financiero, la Sala I de la Cámara confirmará los procesamientos dictados contra Cristina de Kirchner, Julio De Vido y la cúpula de Vialidad Nacional y Vialidad Santa Cruz por el direccionamiento de obra pública. Lo mismo hará con Los Sauces, por el alquiler de propiedades de la familia Kirchner. La exfamilia presidencial y todo el clan Báez están reiterados en la mayoría de los expedientes. Claudio Bonadio procesó y le envió el caso a Ercolini. Casanello formuló su tercer procesamiento contra Báez y también hizo lo mismo. Ercolini tiene además que definir si convoca a indagatoria por el contrato entre Aerolíneas Argentinas y el hotel Alto Calafate para el descanso de la tripulación.

Como la Cámara indicó, todo apunta a agruparse dentro de la misma maniobra de asociación ilícita y lavado de activos a través de la obra pública, con supuestos retornos bajo el formato de alquileres. La movida judicial implica un riesgo: para elevar a juicio una maniobra integral, la subdivisión de tramos en los que estaba dividida hasta ahora conspira contra los plazos abreviados para su debate oral. Ercolini también dio un indicio al establecer el cronograma de indagatorias por la causa Hotesur. Si bien la expresidente está convocada para el 9 de noviembre próximo (ya como senadora electa por la provincia de Buenos Aires), el último convocado, el escribano Ricardo Leandro Albornoz, cierra la ronda el 20 de diciembre. A partir de ese momento, el juez cuenta con 10 días hábiles para resolver la situación procesal de todos los indagados en el mismo paquete. Suponiendo que el plazo se respetase, con los feriados incluidos, la zona de definición caerá dentro de la feria judicial. Lo más probable es que no haya una resolución sobre procesamientos en el caso hasta entrado a febrero 2018.

Cuando las distintas salas de la Cámara Federal avancen en las confirmaciones de los procesamientos (incluyendo desechar una pericia integral sobre el destino de los fondos de obra pública en Santa Cruz, tal como iba a ser la sugerencia del suspendido camarista Eduardo Freiler), los tiempos quedarán del lado del juez para definir la clausura parcial de las investigaciones. Sin embargo, allí comenzarán a peregrinar las defensas rumbo a Casación Penal y a la Corte para intentar demorar todo lo posible esa instancia. Para el cuello de botella que suele generarse entre las elevaciones a juicio y su efectiva concreción en los tribunales orales la Casa Rosada ya viene desplegando un plan: los reconvertidos jueces de tribunales orales nacionales que pasarán a ser federales podrán atajar la "megacausa" con menor carga de juicios en agenda.