Mendoza refuerza cepo contra actividad minera

 Mendoza - Las infructuosas intenciones de reactivar iniciativas mineras en el distrito recibieron un nuevo golpe de parte de la dirigencia política local: el intendente de San Carlos, el massista Jorge Difonso, ratificó su oposición a la puesta en marcha del proyecto San Jorge, en Uspallata, en cualquiera de sus versiones.

Difonso recordó la Ley 7.722, que semanas atrás fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y que regula la actividad minera en el distrito.

Esa causa tratada por el máximo organismo de Justicia de la provincia fue una unificación de procesos que tuvieron inicio en 2007, con 12 demandas particulares de mineras que exigieron la inconstitucionalidad de dicha norma en territorio cuyano.

En concreto, la ley prohíbe la utilización de "sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras metalíferas de exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".

Difonso también aseguró a una radio local el rechazo a la posibilidad de que los minerales se extraigan en Mendoza y se traten en San Juan, ya que una eventual contaminación llegaría al distrito.

Otra provincia que cerró en agosto de 2015 una discusión similar fue Córdoba: allí, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local avaló la "plena constitucionalidad" de la Ley 9.526 que impide la minería metalífera a cielo abierto, al destacar que "el ambiente constituye un bien colectivo supremo, que debe ser conservado".

El método que prohíbe la ley consiste en la utilización de una sustancia química -cianuro o mercurio, entre otras- mezclada con agua para la separación de los metales del resto de los minerales que los contienen. Por este motivo, es necesario acudir a embalses o represas para el almacenamiento de los productos residuales.

La decisión de la Corte mendocina tuvo otro agravante: el derrame de cianuro en la mina de Veladero, Barrick Gold, ocurrido en septiembre pasado en San Juan.