Mendoza: se reactiva polémica por presos

Mendoza - La Suprema Corte de Justicia provincial deberá resolver, desde pasado mañana, si hace lugar a la presentación de la Procuración General para trasladar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el debate sobre el aval que dio el tribunal mendocino a un hábeas corpus colectivo que permitiría la liberación de más de 800 detenidos con prisión preventiva, que se encuentran aún sin sentencia.

La Procuración, liderada por Rodolfo González, realizó una presentación en la que destaca, entre otros puntos, que la Corte de Mendoza avasalla competencias del Poder Legislativo, que tiene como misión dictar las leyes que rigen el Código de Procedimiento.

En esa misma línea se expresó también el ministro de Gobierno y Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay. En tanto, el propio gobernador, Alfredo Cornejo (UCR), dijo días atrás que la decisión de la Corte "hace virtualmente inaplicable la prisión preventiva, y por eso quedarán libres la mayoría de los detenidos", además de que "no explica cómo operará en la práctica su resolución".

Por su parte, la vicegobernadora, Laura Montero, señaló que si bien su deseo y el de Cornejo "es mantener una buena relación institucional con el Poder Judicial", dejó claro que el fallo "es lesivo para algunos intereses de la provincia y puede tener efectos bastantes severos para la ciudadanía, afectando directamente en la situación de inseguridad".

Es que tras el aval inicial de la Corte cuyana y el rechazo del Gobierno provincial, Cornejo y Montero fueron recibidos el 28 de diciembre último por el titular del máximo tribunal de Justicia de Mendoza, Pedro Llorente, y los jueces Mario Adaro y Herman Amilton Salvini.

Sin embargo, el desaire principal lo aportaron los otros miembros de la Suprema Corte, Omar Palermo, Julio Gómez, Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde. El primero de ellos fue el ejecutor del polémico fallo en cuestión.

Xumek, la ONG que promovió el hábeas corpus aceptado por la Corte provincial, realizó una nueva presentación para que ésta defina antes el apartamiento de los magistrados supremos Llorente, Salvini y Adaro, que son los tres jueces que no expidieron su voto en la sentencia principal porque estaban de licencia.

El impulso para que se deje de lado a los tres magistrados se da, en parte, por haber recibido a la dupla Cornejo-Montero como partes interesadas del conflicto en cuestión, que generará aún más polémica durante el correr de esta semana.