Lima - El Congreso de Perú comenzó anoche a debatir si acepta la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski o si lo destituye, mientras que la fiscalía pidió que se le prohíba salir del país.
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Tras meses en la cuerda floja por sus vínculos con la brasileña Odebrecht, el empresario y exbanquero de Wall Street de 79 años, que había asumido hacía 20 meses, arrojó la toalla el miércoles en vísperas de la Cumbre de las Américas, que reunirá el 13 y 14 de abril en Lima a una treintena de mandatarios, entre ellos el estadounidense Donald Trump.
"Les pido por favor que estemos a la altura del debate que corresponde al Congreso", dijo el jefe del parlamento, el opositor Luis Galarreta, al abrir la sesión parlamentaria, a la que no asistió Kuczynski.
"No es un día feliz para el país, no es día del que nos sentimos orgullosos por lo que pueda pasar. Es un día difícil, complicado", dijo ante el plenario el opositor Víctor Andrés Belaúnde.
Al cierre de esta edición, se esperaba que la sesión se extenderiera por unas tres horas, pero la decisión de aceptar la renuncia de Kuczynski o de destituirlo, será votada hoy, antes de tomar juramento a Martín Vizcarra.
En el año 2000, el Congreso destituyó a Alberto Fujimori cuando éste envió una carta de dimisión a la presidencia por fax desde Japón, adonde se marchó acuciado por un escándalo de corrupción.
Kuczynski es el primer presidente que pierde su puesto por el escándalo Odebrecht, que salpica a otros exmandatarios peruanos como Ollanta Humala, en prisión preventiva desde hace ocho meses, y Alejandro Toledo (2001-2005), sobre quien pesa una pedido de extradición desde Estados Unidos.
Ayer la Fiscalía le solicitó a la Justicia que le impida salir del país para poder investigarlo por posibles delitos.
El pedido fue hecho por el fiscal especializado en corrupción Hamilton Castro, pero el magistrado encargado, Juan Sánchez Balbuena, aclaró que no puede actuar hasta que los legisladores le acepten la dimisión a Kuczynski o lo destituyan, pues mientras formalmente sea el mandatario la Justicia no puede actuar en su contra.
El aún mandatario es sospechoso de acciones ilícitas relacionadas con Odebrecht, como haberla asesorado cuando era ministro de Toledo, lo que está prohibido, y haber recibido 300.000 dólares para su campaña de 2011.
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