Mercado laboral, campo de batalla para dos visiones

Santiago - Sebastián Piñera, el favorito para ganar las elecciones del domingo -al menos hasta hace dos días- ha prometido la creación de un millón de puestos de trabajo a lo largo de su eventual mandato, ante el elevado 10% de desempleo actual. Para ello, el postulante de la Coalición por el Cambio propone flexibilizar las normas laborales para los más jóvenes y las mujeres, y alentar el trabajo a distancia. Su rival, el oficialista Eduardo Frei, denuncia en cambio esa idea como «neoliberal», y promete fortalecer los sindicatos.
Algunos datos ilustran la realidad del mercado laboral en Chile. La tasa de sindicalización alcanza al 15%, mientras se estima que el 40% de los trabajadores en relación de dependencia son empleados en negro o, eventualmente, cuentapropistas. Datos oficiales señalan que la mitad de los contratos no dura más de tres años, y uno de cada cinco finaliza durante el primero. Ello está relacionado con los costos del despido. Durante los primeros once meses, no se aplica indemnización más allá de los 30 días de preaviso. Luego, la reparación trepa a un mes por año trabajado, con un techo de 11 salarios más el preaviso.
El economista Tomás Flores, experto en el tema de la Fundación Libertad y Desarrollo, uno de los think tanks de Piñera, aclaró ante Ámbito Financiero que, además del pago indemnizatorio, existe la posibilidad de acudir a un juez, quien puede ordenar la reincorporación si el despido no es justificado.
Una encuesta reciente del Ministerio de Trabajo arrojó que el 55% de los trabajadores percibe menos de u$s 633 brutos mensuales, a los que se aplica un descuento del 12% para los fondos de pensión (AFP), del 2% para capitalización individual por desempleo y del 7% para el sistema público o privado de salud. Un 6,4% de los asalariados no supera un ingreso de u$s 318 brutos, que era el sueldo mínimo en Chile hasta el año pasado, cuando fue llevado a u$s 333.
«Las normas laborales que tenemos en Chile son una barbaridad», sostuvo en cambio en diálogo con este enviado el economista Luis Eduardo Escobar, ex asesor de temas de trabajo de Marco Enríquez-Ominami.
Hasta hace un tiempo, las empresas de supermercados y de ventas minoristas podían licenciar sin goce de sueldo a su personal por unas horas si, por ejemplo, en una tarde había poco público. Un cajero debía entonces retirarse y regresar más tarde (horas que no cobraba), asunto que dejó de regir durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
Escobar remarcó como un aspecto negativo de la legislación laboral el hecho de que una misma empresa pueda constituir diferentes «registros únicos tributarios». Así, una megatienda puede despedir a un empleado de la sección «zapatos» y recontratarlo en «electrodomésticos» sin reconocerle antigüedad, ya que cada empresa se puede subdividir en diferentes razones sociales. «Eso hace que muchos despidan sin indemnización durante los primeros once meses, y retomen al personal para otro mostrador», explicó el economista. «En ese caso también se debe demostrar ante la Justicia, si hay un reclamo, que se trató de un despido justificado», respondió su colega piñerista Flores.
El crítico Escobar enumera otros cuestionamientos, como que no esté permitido a los sindicatos negociar condiciones de trabajo además de salarios, una hipersegmentación que, por ejemplo, permite que los bancos subcontraten con terceras empresas a sus cajeros, o que los empleados públicos tengan prohibido por ley formar un gremio o hacer una huelga, lo que, en la práctica, resulta tolerado por el Ejecutivo de la Concertación.
El ministro de Hacienda de Bachelet, el popular Andrés Velasco, enarboló al comienzo del mandato la propuesta de disminuir a cinco sueldos el techo indemnizatorio a cambio de mejorar el seguro de desempleo, una idea que no prosperó.
El actual sistema de cesantía funciona como una cuenta de capitalización individual, al que suman un 2% del salario a cargo del trabajador y un 0,6% abonado por el empleador. El marquista Escobar llevaba como propuesta ir a un sistema de seguro solidario y no de capitalización que, según sus cuentas, permitiría en los niveles actuales de aportes garantizar al despedido la percepción del 80% decreciente del salario durante el primer año.