6 de octubre 2009 - 00:00

Micheletti admitió por primera vez una vuelta de Zelaya al poder

El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, pareció allanar el camino a una solución negociada al levantar el estado de sitio, prometer sanciones a los militares que deportaron a Manuel Zelaya y, por primera vez, dejar ver la posibilidad de un regreso de éste al poder.
El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, pareció allanar el camino a una solución negociada al levantar el estado de sitio, prometer sanciones a los militares que deportaron a Manuel Zelaya y, por primera vez, dejar ver la posibilidad de un regreso de éste al poder.
Tegucigalpa - En vísperas del comienzo de un diálogo crucial para superar la crisis, el gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, admitió ayer por primera vez la posibilidad de una restitución del presidente consti-tucional Manuel Zelaya y restablecimiento de las libertades civiles.

«Hay una razón para sentarse a dialogar, que es la patria primero; la restitución es una aspiración del señor Zelaya que habría que escucharla ya con mejores planteamientos, con planteamientos legales», afirmó sugestivamente Micheletti en una entrevista con la televisión local.

La negociación, que aún no contempla un encuentro cara a cara entre el presidente depuesto y quien lo reemplazó tras el golpe de estado del 28 de junio, comenzará mañana con la llegada de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, su refugio desde que dejó el exilio y entró en secreto a Honduras hace dos semanas, un hecho que constituyó un revulsivo para una crisis que parecía empantanada,

En tanto, Zelaya le propuso ayer por los medios a Micheletti firmar «de manera inmediata» en la sede diplomática brasileña el plan del presidente costarricense Oscar Arias, cuyo punto central es su retorno al poder.

Micheletti había rechazado tajantemente hasta ahora la restitución, pero ayer reconoció esa posibilidad siempre y cuando ocurra luego de las elecciones del 29 de noviembre, con lo que quedaría cerrada la puerta a lo que Zelaya pretende, como temen sus detractores, modificar la Constitución para mantenerse en el poder.

Según el presidente de facto, «si se dieran las elecciones en el país, transparentes, y elegimos al nuevo presidente, de ahí para allá se puede hablar de cualquier escenario, de cualquier solución».

En paralelo, Zelaya dijo: «Hay elecciones convocadas. Mi restitución garantiza las elecciones, una transición pacífica y permite la alternancia del poder».

Mantenerlo apartado del Gobierno significaría, según Zelaya, «el desconocimiento de los comicios, fraude en las elecciones, más represión. Nadie quiere eso para Honduras. Por eso, tengo fe, confianza de que el problema se va a resolver», auguró.

El mandatario constitucional y el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, que lo respalda, habrían desistido de que una Asamblea Constituyente figure en un posible acuerdo, un tema álgido que fue base del argumento de los golpistas para desalojarlo del poder.

Según el presidente depuesto, la firma de un eventual acuerdo se realizaría «en el marco jurídico nacional e internacional con los otros poderes del Estado, con los testigos de honor» de la OEA.

La misión del organismo hemisférico que llegará mañana estará encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Lo acompañarán los cancilleres de Costa Rica, Bruno Stagno; de Ecuador, Fander Falconí; de El Salvador, Hugo Martínez; de México, Patricia Espinosa; y de Panamá, Juan Carlos Varela. También formarán parte los ministros de Estado para Relaciones Exteriores de Canadá, Peter Kent, y de Jamaica, Ronald Robinson, así como el viceministro guatemalteco de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Ibarra, y los embajadores de la Argentina y de Brasil ante la OEA, Rodolfo Hugo Gil y Ruy Casaes e Silva, respectivamente.

La comisión estará asimismo integrada por el español Juan Pablo de la Iglesia y por un representante del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Para abrir la negociación, Zelaya había pedido al Gobierno de facto que levantara el estado de sitio y el cerco militar a la Embajada de Brasil.

«Es mi decisión derogar el decreto, pero la decisión la tomaremos con el Consejo de Ministros (...) Voy a solicitarlo respetuosamente», dijo Micheletti, quien formalizó dicho compromiso horas después tras sufrir presiones de empresarios y políticos, lo que supuso un quiebre de la alianza golpista, y en medio de una fuerte condena internacional.

El decreto derogado restringía las libertades de movimiento, reunión y prensa, y bajo su amparo Micheletti sacó del aire a radio Globo y al Canal 36, afines a Zelaya, así como prohibió y reprimió manifestaciones masivas.

Desafiando el decreto, los opositores al Gobierno de facto, aglutinados en un frente nacional de resistencia, cumplieron ayer 100 días ininterrumpidos de lucha callejera, desde que Zelaya fue sacado por los militares del poder y del país el 28 de junio.

Mientras tanto, la presión internacional continúa y ayer el gobierno de Zelaya obtuvo el compromiso del FMI de respaldar la recuperación de la economía del empobrecido país centroamericano cuando vuelva la normalidad democrática, según anunció en Estambul el exiliado gobernador del Banco Central, Edwin Araque.

Agencias AFP, EFE, Reuters y ANSA

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