Michetti sobreseída por dinero robado; las fundaciones, a salvo

El juez validó la versión de la vicepresidenta luego de cotejar testimonios y documentación. También archivó denuncia sobre ONG ligadas al PRO.

Gabriela Michetti.

La vicepresidenta Gabriela Michetti pasó a integrar el selecto (y reducido) grupo de funcionarios del Gobierno que fueron sobreseídos rápidamente, luego de quedar imputados por hechos denunciados durante su gestión. El juez federal Ariel Lijo determinó que no pudo probarse ningún delito en el origen del dinero robado en su casa el 22 de noviembre de 2015, cuya denuncia de hurto fue conocida recién 9 meses después y disparó una investigación penal para intentar determinar por qué tenía esos fondos en su poder. El magistrado también exoneró a varias fundaciones que habían quedado bajo sospecha de ser una fuente de financiamiento político de dirigentes del PRO. El sobreseimiento quedará firme si el fiscal Guillermo Marijuan no apela ante la Cámara Federal y concuerda con el criterio del juez.

Para Lijo quedó acreditada la versión de Michetti -defendida por Ricardo Gil Lavedra- que sostuvo que los $245.000 y u$s50.000 robados por su entonces custodio Juan Pablo Cruzado correspondían en su mayor parte a donaciones para su fundación (SUMA), fondos para reparaciones en su casa y divisas para pagar una maestría en el exterior para su hijo. La denuncia fue impulsa por el abogado Leonardo Martínez Herrero y allí se dispusieron diversas medidas como informes bancarios, declaraciones juradas, declaraciones testimoniales (de gran parte de la dirigencia PRO) y libros contables de la Fundación que preside la vicepresidente de la Nación. En su fallo, Lijo indicó que acreditaron el "origen lícito" del dinero.

La resolución consignó que todos los testigos reconocieron los aportes efectuados y, "en lo que aquí interesa, mencionaron que el origen eran sus ingresos y ahorros. Destáquese que los nombrados percibían dinero suficiente como para realizar las contribuciones en cuestión", explicó el juez. Un dato no menor: todos los testigos propuestos por la defensa, pese a no contar con recibos que acreditasen los montos, afirmaron haber entregado en mano a funcionarios o políticos afines a Michetti sumas inferiores a los $50 mil, lo que los deja por debajo del límite desde el que podrían investigarse aportes a fundaciones desde la óptica del lavado de activos.

Lijo sostuvo que "se advirtieron ciertas circunstancias, como ser la poca precisión de los testigos en cuanto a las fechas exactas de extracción del dinero y entrega de la contribución y, en particular, la falta de entrega de comprobantes a los aportantes por las colaboraciones efectuadas". La sucesión de más de una veintena de testimonios de aportantes como Federico Pinedo; el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi; el exsecretario de Obras Públicas, Daniel Chain; la Subsecretaria de Obra Pública, Marina Klemensiewitz, y el embajador ante Uruguay, Guillermo Montenegro dejaron varios puntos sin despejar sobre la mecánica de recaudación que tuvo la cena de gala de SUMA.

"No se ha verificado elemento alguno que hiciese presumir la utilización de esas entidades para ingresar activos ilícitos en el mercado legal, tendientes a dotarlos de apariencia lícita", sostuvo el juez sobre archivos de otro tramo de la investigación, que había impactado en las ONG SUMA, Fundar-Justicia y Seguridad, Creer y Crecer, Formar y Pericles a las que se les requirió toda la documentación disponible. Pareció un guiño del magistrado ya que esta última pertenece al abogado Fabián "Pepín" Rodríguez Simón de la mesa chica de asesores presidenciales. Aliado a Elisa Carrió fue uno de los protagonistas de un video casero en el que enviaban un mensaje elíptico a Ricardo Lorenzetti (hoy bajo el fuego del juicio político) y hacían mención al juez como si conformara una tríada con su hermano abogado y el presidente de la Corte. "Considero que continuar investigando estas fundaciones en los términos planteados implica derribar un pilar fundamental de todo estado de derecho, siendo un límite a la potestad punitiva del Estado; máxime cuando se dispuso una gran cantidad de medidas probatorias que ni siquiera permitieron presumir alguna conducta ilícita", sostuvo el magistrado.

"Entiendo que el cuadro probatorio antes valorado ha permitido verificar no sólo la convocatoria de la recaudación, los motivos que la impulsaron, la entrega de donativos y, especialmente, el origen de los montos de dinero aportados y la capacidad económica de los contribuyentes para efectuarlos", resumió Lijo al desligar a Michetti y ubicarla -junto a los jefes de los espías, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas- en el club de los sobreseídos.