Mineras amenazan con abandonar Santa Cruz

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A contramano del intento de Cristina de Kirchner por lograr un acercamiento con los principales empresarios del país con el fin de promover más inversiones, la provincia de Santa Cruz promulgó la ley que despertó polémica en el sector minero, que ahora amenaza con paralizar proyectos millonarios. En noviembre pasado el Poder Legislativo de la provincia sancionó una ley que crea un Área de Interés Especial Minero que prohíbe la extracción de metales fuera de dicha, zona según se desprende de la norma. Ninguna empresa podrá realizar actividades mineras fuera de esa área que se circunscribe al territorio de meseta y excluye la cordillera de los Andes, una de las zonas más ricas en fuentes naturales de oro y plata. Pero la medida deja entrever la posibilidad de que los derechos ya adquiridos por las compañías para explorar y explotar las zonas ajenas al área de interés, queden sin efecto, lo que se traduce en grandes pérdidas para aquellas empresas que ya iniciaron la actividad en dichas zonas.

De esta manera, los empresarios del sector minero se suman a al reclamo -que ya se inició desde otras industrias-, de seguridad jurídica. Desde las compañías que estaban instrumentando la exploración de zonas ahora excluidas de la nueva Área de Interés Especial Minero, sostienen que el trabajo de detección de los minerales requiere de inversiones muy elevadas, que van desde los u$s 5 millones hasta los u$s 200 millones, que se traducirán en pérdidas si el Gobierno de Daniel Peralta les impide explotar esas zonas. Además, se quejan de que este cambio repentino en las normas perjudicará la imagen del país y muchas multinacionales optarán por invertir en países vecinos. «Los proyectos mineros son a largo plazo, y no se pueden llevar adelante si no existe un marco regulatorio estable. Respetamos las leyes y a los gobiernos, pero no podemos admitir que esta norma sea retroactiva y perjudique los proyectos en marcha», dijo Julio Ríos Gómez, presidente de Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina, y agregó: «Esta ley es inconstitucional, va en contra de los derechos adquiridos. Se trata de un mensaje muy malo a la inversión y va a significar la caída de un 25% de la actividad en los próximos años».

El punto más controvertido es el que afirma que se creará «una comisión ad hoc de diez miembros, con el objetivo de evaluar (y cuyo dictamen será vinculante) cada uno de los estudios de impacto ambiental de los proyectos que se encuentran otorgados o concedidos fuera del Área de Interés Especial Minero». Para el abogado especialista en Asuntos Mineros Leonardo Rodríguez, asociado del estudio Marval, OFarrell & Mairal, la nueva medida santacruceña «viola las normas federales incluidas en el Código de Minería, según el cual, cualquier empresa que cuente con derechos de exploración y encuentre un mineral, automáticamente podrá adquirir el poder de explotación. Las provincias no pueden regular la actividad minera hasta el punto de prohibirla. Eso es facultad del Congreso de la Nación», explicó Rodríguez. Por este motivo, asegura que la norma traerá gran cantidad de litigios al Estado si no se otorga por decreto garantías a aquellas compañías que actualmente estén explorando y explotando fuera del área en cuestión. «Si bien los tribunales pueden declarar inconstitucional la medida, el proceso judicial puede llevar años y las obras mientras tanto quedarían paralizadas y las compañías se perjudicarán», dijo el abogado.

Desde el Gobierno de Santa Cruz justifican la sanción de la ley argumentando que la actividad de extracción de metales se instrumenta mediante el uso de cianuro, un elemento altamente tóxico que podría contaminar napas de agua y por ende a la población cercana. De hecho, Río Negro, Tucumán, Mendoza y San Luis directamente prohibieron la actividad minera con el uso de esta sustancia mientras que Chubut y Córdoba limitan la actividad a cielo abierto. No obstante, desde las mineras explican que el cianuro es el único recurso que existe a nivel mundial para desprender el oro de las rocas. Aseguran, también, que respetan las medidas internacionales que regulan el uso de esa sustancia, que se utiliza en la Argentina desde principios del siglo pasado.

Los empresarios mineros temen que otras provincias imiten la iniciativa de Santa Cruz. «La situación en Santa Cruz nos preocupa, ya que barre con todo el trabajo que se realizó en los años noventa para fomentar las inversiones mineras en la Argentina. Es una regresión en materia de desarrollo», concluyó Ríos Gómez.

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