Ministerio Público, Consejo y Código Penal serán reformados

Paquete incluye las iniciativas ya iniciadas por el Gobierno. Se insistirá con fijar plazo al procurador. Se activa el Código Procesal Penal y régimen juvenil.

Acuerdo. El ministro de Justicia, Germán Garavano, impulsará dentro del paquete de reformas varias acordadas con el PJ que representa el senador Miguel Ángel Pichetto.

El paquete de reformas anunciado por el Gobierno para el ámbito judicial incluye varias iniciativas que ya habían sido insinuadas o que, incluso, cuentan con proyectos de ley que aspiran a ser debatidos en lo que queda del año y el comienzo de 2018. Más allá de que la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General buscó tabicar el intento oficial de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ejecutivo a través del Ministro de Justicia, Germán Garavano y del jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, confirmaron que se discutirán en el Congreso.

Ministerio Público Fiscal y de la Defensa: Gobierno insiste en que el fallo que anuló la vía de remoción de juicio político debe ser sustituida. Se pondrá plazo de 5 al jefe de los fiscales y los defensores con posible prórroga a cargo del Senado por período idéntico. El mandato puede estirarse a 7, según el modelo porteño. Remoción: mayoría simple de Diputados y dos tercios del Senado, sin necesidad de juicio político. Es lo medular que pretende el Gobierno que afirma estar abierto a discutir con los propios fiscales el resto de la letra chica que implica otras facultades que los habían inquietado como la creación de subprocuradores y la influencia del Consejo General del Ministerio Público Fiscal para funcionar en una suerte de co-gobierno. Todo ese plan estaba destinado a aislar a Gils Carbó, pero un nuevo procurador puede quedar encorsetado en ese formato.

Consejo de la Magistratura: tal como adelantó en exclusiva Ámbito Financiero, la base será la propuesta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad. El estamento político tendrá representantes por el Senado y Diputados y se ampliará el número de miembros con más jueces y abogados. Integración de comisiones y requisitos para ser elegible están entre los cambios, además de suba de integrantes "de la sociedad civil" entre los miembros.

Código Procesal Penal: tras frenar por decreto su implementación (y ahora más con la salida de Gils Carbó, una de las trabas que se autoimpuso Cambiemos), se espera que se reactive en el Senado para que avance. Ya hay acuerdo con el PJ para la aplicación del sistema acusatorio de manera gradual, con las investigaciones en cabeza de los fiscales.

Código Penal: El anteproyecto de reforma del Código Penal, intentado por el kirchnerismo y ahora bajo el mando del camarista de Casación Penal Mariano Borinsky, será presentado en sociedad en marzo. Propone endurecimiento de penas y retorno de equilibrio de tipos penales. El modelo se discutió por módulos que buscan adaptar las penas, incluyendo nuevas modalidades delictivas. Nueva prueba de fuego para los consensos, pero con nueva integración del Congreso.

Reforma del Régimen Penal Juvenil: La piedra de toque continúa siendo la baja de la edad de imputabilidad, tema espinoso sobre el que el Gobierno aspira a fijarlo en 14 años, pero busca que sea el último detalle a tratar. El proyecto se encuentra listo, pero resta un espacio en blanco para completar ese ítem e iniciar la discusión parlamentaria.

Reforma del Código Procesal Civil y Comercial: La iniciativa para modificar los procedimientos para litigios en el ámbito civil y comercial (adaptándolos tras la unificación de ambos Códigos) apuntará a agilizar los procesos y "desburocratizarlos". Se plantea como una segunda etapa, recién para fines de 2018, en el marco del Programa Justicia 2020.

Mensaje

"No puede ser que el horario de atención de los juzgados y de la justicia en general sea hasta las 13:30; no puede ser que durante 45 días esté interrumpido el servicio de Justicia", sostuvo Mauricio Macri ayer en su discurso. El mensaje fue dirigido tanto al horario que cumplen los judiciales, en lo formal, hasta las 13.30 y a la duración de la feria invernal y estival. La idea de recortar los recesos y de implementar un horario extendido de atención al público sobrevoló como mensaje hacia la Corte Suprema con facultades de superintendencia como cabeza del Poder Judicial. Ese tipo de cambios no requieren un proyecto de ley, adelantaron fuentes oficiales sobre la intención de que sea el propio máximo Tribunal el que genere cambios en el funcionamiento y organización del servicio de administración de justicia. No fue mencionado, pero el tema del pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los jueces nuevos es considerado por el Gobierno como innegociable, pese a que recientemente los jueces agrupados en la Asociación de Magistrados iniciaron una causa para clarificar los alcances de una norma ya aprobada que establece el pago para todos los nombrados a partir de 2017.

Gabriel Morini