Narcojet: jefe aéreo se defiende con un megabufete

Nilda Garré

Al compás de los testimonios de personal militar de la base aérea de Morón, crece la presión judicial sobre el titular del arma, brigadier general Normando Costantino, por las presuntas fallas en el control y la seguridad del aeródromo donde se cargaron los 944 kilos de cocaína que traficaron los Juliá a España. Costantino está jaqueado por tres causas: dos están en el juzgado penal económico de Alejandro Catania, quien investiga el contrabando de estupefacientes. Esta causa se abrió por denuncia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la restante se armó a instancias del diputado de la Coalición Cívica Carlos Morán, que pidió investigar la responsabilidad del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; de la ministra de Seguridad, Nilda Garré; del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y de Costantino por la falta de controles en la base aérea de Morón y en Ezeiza. El tercer expediente recayó en el Juzgado Federal Nº 12 a cargo del juez Sergio Torres y se abrió tras la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, quien apuntó a la conducción de la Fuerza Aérea y especialmente al titular de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados. La carpeta ahora pasó del fuero federal al penal económico y la tomó el magistrado Rafael Caputo, quien subroga a Catania, que está de vacaciones.

El jefe de los aviadores armó un grupo de contención integrado por abogados penalistas castrenses liderados por el asesor jurídico de la fuerza, comodoro Emilio Salgado. Lo secundan el comodoro Oscar Pérez Llamas y el comodoro Sergio Krasñansky y completó el blindaje con 25 auditores militares que fueron redestinados al edificio Cóndor, sede del Estado Mayor General de la fuerza. Pérez Llamas desempeña un rol de enlace, una suerte de embajador de buenos oficios de Costantino con los tribunales de Comodoro Py.

El escenario de máximo riesgo que plantearon los letrados es cómo responder una citación de la Justicia al jefe de los aviadores. Hubo debates sobre la conveniencia de efectuar una presentación espontánea, recurso que permitiría generar la imagen de que el jefe no tiene nada que ocultar y que es ajeno a las responsabilidades sobre la seguridad en Morón, pero la idea no pasó la prueba de fuego del tratamiento mediático. «Costantino no resiste un titular: Declara el jefe de la Fuerza Aérea», observó un aviador familiarizado con el trabajo prejurídico. Tampoco puede alegar desconocimiento: el 22 de diciembre de 2010 vio el jet de los Juliá desde el helicóptero que lo transportaba hasta la base de Morón. Ese día Costantino encabezó la ceremonia de asunción del comandante de Adiestramiento y Alistamiento, brigadier mayor Marcelo Ayerdi, hermano del desplazado jefe militar de la base, comodoro Jorge Ayerdi.

Además, hay una cuarta causa que complica a Costantino que está en manos del juez federal Daniel Rafecas; se investigan los presuntos apremios ilegales ordenados por el brigadier Rodolfo Centurión, jefe de Inteligencia, contra personal de la propia fuerza para obtener información acerca del robo de armas de la guarnición aérea de Aeroparque. No se ha movido a la espera de novedades en el sumario interno que se abrió por orden de la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. Las actuaciones están a cargo del comodoro Jorge Federico Oberkersch, quien también perteneció a la inteligencia del Ministerio. La pesquisa choca con un escollo imposible de remover, las órdenes de «apretar» habrían salido desde la subjefatura de la fuerza, a cargo del brigadier mayor Raúl Acosta, obviamente con el aval del jefe de los aviadores.