Navegación aérea será servicio público esencial

 La navegación aérea será un servicio público esencial a partir de la ley que cerca de la madrugada de hoy se aprobaba en la Cámara de Diputados, luego del debate por la actualización de la Asignación Universal por Hijo. La iniciativa, que dejará la actividad aérea bajo la órbita del Ministerio del Interior y Transporte de Florencio Randazzo, más allá de sus disposiciones técnicas, será una herramienta para normalizar la aeronavegación y evitar así los sorpresivos y repetitivos paros de los gremios vinculados a la aeronavegación.

La ley, que acotará el margen de protestas de gremios como Aeronavegantes a cargo del moyanista Juan Pablo Brey, y de Pilotos liderados por Pablo Biró, enrolado en la CGT de Antonio Caló. El artículo 1° dispone que "la prestación de los servicios de navegación aérea en y desde el territorio de la República Argentina constituyen un servicio público esencial, en los términos del artículo 24 de la Ley 25.877". De acuerdo con el proyecto, el servicio público de navegación aérea comprende la gestión del tránsito aéreo (ATM), los servicios de información aeronáutica (AIS), el servicio de comunicaciones aeronáuticas, el sistema de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) y el servicio meteorológico para la navegación aérea (MET).

La actividad desplegada en el marco del servicio público de navegación aérea deberá garantizar la seguridad, regularidad y eciencia de la navegación aérea, respetando los parámetros de seguridad operacional establecidos o a establecerse por el Sistema Nacional de la Gestión de Seguridad Operacional de la Aviación Civil del Estado argentino. De esta manera, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo crea la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA), cuyas funciones serán las de gestión del tránsito aéreo, servicios de información aeronáutica, de comunicaciones aeronáuticas, de navegación y vigilancia, de búsqueda y salvamento y del servicio meteorológico para la navegación aérea.

El proyecto había ingresado al Congreso el año pasado con la firma del entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y fue impulsado por Randazzo. Hasta esta ley, el control aéreo estaba en manos de la Fuerza Aérea, que lo había recibido de la Administración Nacional de Aeronavegación Comercial (ANAC). La EANA, que se crea en la órbita del Ministerio del Interior y Transporte, realizará las tareas para las que fue creada en la mayoría de los aeródromos argentinos, a excepción de nueve estaciones que continuarán en manos de la Fuerza Aérea por cuestiones de defensa nacional. Esos aeródromos son el de Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds (San Luis), Moreno, Río Cuarto, Río Gallegos y Sauce Viejo (Santa Fe).

A su vez, funcionará dentro de la EANA un Consejo Consultivo Permanente integrado por representantes académicos, gremiales, industriales y científicos del sector aeronáutico, para lograr "la optimización de su gestión". En su artículo 23, el proyecto aclara que la EANA "se regirá por las normas y principios del derecho privado", por lo que no podrá someterse a los principios del derecho administrativo, algo que podría llegar a cuestionar la oposición. También enumera "crear un plan de negocios que equilibre la seguridad operacional con la productividad y el respeto de los derechos de los trabajadores, alcanzar un liderazgo en la región, lograr el autofinanciamiento y reinvertir en dicha actividad las ganancias que se obtengan".