Negociaban anoche levantar paro en la 60

Tras las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, los choferes de la línea 60 negociaban anoche la posible resolución del conflicto que generó un paro que ya lleva tres días y que afecta a más de 300 mil personas.

Uno de los delegados de los trabajadores, Pedro Caballero, aseguró que en la reunión en la cartera laboral «hubo acercamientos» y señaló que la última propuesta «cumple las expectativas, salvo algunos detalles».

Según informó en la tarde de ayer el delegado Daniel Farella, «no estamos acatando la conciliación obligatoria porque no nos llegó ninguna notificación». El delegado gremial, tras señalar que «aguardamos una convocatoria del ministerio», precisó que «no nos parece correcto que nos hayan dictado esta medida nuevamente, ya que tuvimos una conciliación obligatoria en abril y la empresa sigue sin pagar lo que nos adeuda».

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, manifestó ayer su preocupación ante la continuidad del conflicto suscitado entre los choferes y la empresa Monsa, y tras señalar que «hay incumplimiento por parte de la empresa» advirtió que el paro por tiempo indeterminado «no es la manera» de contribuir a resolverlo.

«Acá hay claramente un incumplimiento por parte de la empresa», afirmó y sustentó en ello la decisión de «un reconocimiento a cuenta a favor de los trabajadores», de lo que pueda resultar de la inspección que realizarán en esa empresa la cartera laboral y la Secretaría de Transporte. Sin embargo, señaló también que «los trabajadores tienen que aceptar la conciliación obligatoria» porque «no es optativa».

La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, dictó el martes a la noche la conciliación obligatoria por un plazo hábil de 15 días en el conflicto que por diferencias salariales mantienen los trabajadores de la línea 60 y la empresa.

Según informó la viceministra «se intimó a la empresa a no adoptar represalias, se le impuso una auditoría contable para liquidar de forma correcta esas diferencias salariales y se decidió que en el plazo de 5 días la compañía abone $ 600 a cada trabajador a cuenta de esas supuestas erróneas liquidaciones».

Para la auditoría contable decidida por Rial y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, fueron convocados a colaborar dirigentes de la UTA y de la propia empresa, funcionarios del área de Trabajo y también de la Comisión Nacional del Transporte.

Los trabajadores desataron por segunda vez el conflicto, ante el incumplimiento empresario de deudas económicas generadas por la «errónea o parcial liquidación de diferencias salariales» y las amenazas a las que son sometidos.