Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sostuvo ayer que el proyecto de modificación de la Ley de Accidentes de Trabajo incorpora conceptos de la Corte Suprema en relación con que la cobertura de los daños debe cumplir «con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie». El funcionario también explicó que la iniciativa incluye «una indemnización adicional del 20%, para cubrir la compensación por cualquier otro daño, como el moral, dando lugar a que el sistema pague lo que la Corte llama reparación integral».
Tomada explicó que el proyecto establece un plazo de 15 días para el pago de las indemnizaciones «a contar desde el fallecimiento del trabajador o la homologación de la incapacidad». También dijo que se establecerá «en términos claros y terminantes» la «opción excluyente»: quien acepte la indemnización de la ART no podrá recurrir a la Justicia.
Asimismo, el funcionario reseñó que para la demanda judicial se establecerá la competencia civil, en reemplazo del fuero laboral, y se acotarán los honorarios profesionales según un régimen similar al vigente en la Ley de Contrato de Trabajo.
Beneficiados
Tomada sostuvo que «para evitar futuras inconstitucionalidades por desajuste de los montos», el nivel de las indemnizaciones se ajustará semestralmente por RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores del Estado).
La actualización inicial fijada en la iniciativa actualiza los valores a julio 2012, dando por resultado que, «por ejemplo, el piso por muerte pasa de $ 180.000 a $ 460.000».
Tomada dijo que «por la suba de los mínimos, el proyecto de ley beneficia a los trabajadores de sueldos bajos» y dio los siguientes ejemplos:
El funcionario dijo que se establecerán «nuevas pautas para fijar el valor del seguro, porque hoy es libre y discrecional» y se limitará a las ART los gastos no prestacionales al 20%, mientras hasta ahora no hay topes.


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