Nueva obra pública deberá esperar a 2010

 Buenos Aires - En medio de las urgencias financieras que complican a la provincia, el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, insistió ayer en que el Gobierno de Daniel Scioli profundizó la política de «austeridad» en pos de un mayor ahorro, reflejada por caso en la postergación para 2010 «del gasto de capital que todavía no ha tenido inicio, que no ha sido licitado ni adjudicado».

Fuentes gubernamentales aseguraron ayer a este diario que, en rigor, ello no implica una «decisión política» del mandatario justicialista de suspender el inicio de toda nueva obra pública.

«Lo que no está ni siquiera licitado y mucho menos adjudicado, está muy lejos de poder empezar en 2009; son obras planificadas en el Presupuesto que de todos modos no van a ser concretadas este año y que pasan necesariamente a 2010», dijeron.

«Eso representa entonces un ahorro per se respecto de lo presupuestado», aclararon, además de afirmar que «no va a haber entonces inicio de nueva obra pública en lo que queda del año, pero sí se van a presentar todos los pliegos de licitaciones de 2010».

En esa línea, Arlía recalcó que Scioli lo instruyó a «mantener al día los salarios, la prestación de servicios sociales básicos y de no paralizar la obra pública en marcha porque eso tiene muchos costos».

En paralelo, el funcionario volvió a descartar «absolutamente» que el Gobierno esté evaluando reflotar las cuasi monedas -como los patacones- para poder hacer frente al pago de salarios porque -dijo- «hay liquidez financiera suficiente» y porque ello implicaría un «profundo desconocimiento de acuerdos firmados que prohíben la emisión de cuasi monedas».

El distrito tiene una necesidad de financiamiento del orden de los 2.500 millones de pesos, en el marco de un déficit a fin de año estimado -según la mirada oficial- en $ 5.500 millones.

En esa línea, el funcionario resaltó que «el Gobierno nacional no tiene ningún atraso o deuda con la provincia».

En medio de estas urgencias, Scioli apura el lanzamiento de un paquete fiscal que incluiría aumentos en el impuesto inmobiliario para 150 mil contribuyentes y nuevos gravámenes a la herencia, a la carga y descarga en los puertos, y a los sellos en la compraventa de autos usados.