La iniciativa es clave para el Gobierno. Tendrá prioridad el Plan Belgrano. Celos y queja de legisladores por los cambios que introdujo Diputados.
Apoyo. La ley de PPP, que logró el aval de buena parte de la oposición, obtuvo en el Senado 43 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.
El Gobierno nacional logró ayer, para alegría de Mauricio Macri, tachar de la lista de asuntos legislativos pendientes la creación del régimen de Participación Público-Privada (PPP), tras la sanción que recibió la iniciativa de parte del Senado.
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La activación del dúo público-privado es un proyecto fetiche de Macri que finalmente podrá entrar en acción en 2017, en medio de una imperiosa necesidad que tiene el Gobierno de reactivar la economía a través de las obras de infraestructura y, de paso, levantar la imagen en año electoral.
El texto sancionado, que partió del Senado en septiembre pasado y volvió con cambios de Diputados, mantuvo un artículo clave para el Presidente: es el 25, que establece que "para todas las controversias que eventualmente pudiesen surgir (...) podrán determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje", y que "en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo". Es decir, se podrán dirimir conflictos en tribunales extranjeros.
La iniciativa también permite ceder "total o parcialmente el contrato a un tercero siempre que éste reúna los mismo requisitos que el cedente y que haya transcurrido, al menos, el 20% del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra".
Además, el festín de obras que planea Cambiemos no deberá exceder "el 7% del Producto Bruto Interno a precios corrientes del año anterior".
Desde el kirchnerismo criticaron, tanto en Diputados como Senado, el inciso "d" del artículo 4, que señala que el plazo del contrato no supere "en ningún caso los 35 años de duración, incluyendo sus eventuales prórrogas".
Para la sanción de la iniciativa fue clave la gestión de Cambiemos en Diputados, cuando consensuó con la plana mayor de la CGT aumentar de un 25% a un 33% la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública.
De esa manera dejaron atrás los reclamos del Frente Renovador. De hecho, Sergio Massa no pudo contener a su propia tropa y algunos no acompañaron la iniciativa.
En el Senado, el massismo fue blanco ayer de dardos indirectos tanto del oficialismo como de la oposición. "El Frente Renovador comenzó este año una especie de competencia para ver quién tiene la palabra final en la votación de las leyes y en esta cámara no nos manejamos así", aseguraron a Ámbito Financiero desde los distintos bloques.
La insólita disputa podría replicarse dentro de pocos días si la reforma política vuelve en revisión a Diputados.
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