Obvio: la Corte bloqueó avance K en Magistratura

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El oficialismo en el Consejo de la Magistratura insistió ante la Corte Suprema de Justicia en su pedido de cargos en la estructura administrativa del Poder Judicial. Fue mediante una nota que llevó la firma de todos los consejeros del kirchnerismo y que tuvo una contestación unánime desde el máximo tribunal: el requerimiento, en los términos que plantea, por el momento es inadmisible. Se agrega de este modo un nuevo capítulo de tensión por las finanzas de la Justicia y el control de las mismas, intriga que encuentra su parecido en la discusión por el régimen de Declaraciones Juradas que por estos días ha llegado a la Magistratura.

Jorge Capitanich ya acordó de palabra que el Tesoro financiará parte de los gastos del Consejo de la Magistratura (el 90% son sueldos de todo el Poder Judicial), escenario ineludible luego de que la Corte decidiera en febrero dejar de financiar al cuerpo colegiado con su fondo de ahorros. Pero antes de cualquier giro, el oficialismo desea un cargo que le permita cierto control sobre la economía del Consejo, puntualmente el del subadministrador.

Ante la falta de respuestas favorables en el Consejo, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez propicio el envío de una nota a la Corte que tuvo una contestación igual de desalentadora. El secretario de Justicia asegura que en un principio los representantes del estamento de los jueces le habían asegurado la posición del subadministrador, promesa que por ahora no se ha materializado a pesar de que Álvarez ahora diga que en el show del ultrakirchnerismo en el Mercado Central él no vinculó al Poder Judicial con el último Gobierno militar.

El pedido a la Corte fue absolutamente excepcional desde el hecho de que los consejeros solicitaron un nombramiento con el cargo de director, pero sin especificar en ningún momento qué funciones concretas tendría la persona que ocupe ese cargo. Descartar peticiones por como están formuladas es algo típico para los ministros.

La reticencia para habilitar estos cargos no encuentra su explicación en que el Gobierno todavía no giró fondos al Consejo, de hecho allí la situación es menos crítica que en febrero por el repunte que presenta la recaudación y por el dato de que hasta el momento los judiciales sólo tuvieron un incremento salarial del 10%. En la Corte entienden que el Gobierno le debe alrededor de 1.400 millones de pesos al Poder Judicial en materia de obras de infraestructura que costeó el Consejo pero que, según los parámetros presupuestarios, debía financiar el Tesoro. Compromisos que, por estos días se ubican por delante de cualquier negociación o al menos eso dejan traslucir los jueces Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo (presidente y vice de la Magistratura).

Una falta de acuerdo similar se presenta ahora respecto de qué régimen de presentación de Declaraciones Juradas debería regir para el cuerpo colegiado. Los jueces se inclinan por imponer la metodología que aprobó la Corte mientras que desde el oficialismo aspiran a un sistema como el que actualmente vale para los legisladores y los funcionarios del Ejecutivo en el cual el anexo público de la información se encuentra disponible en internet.

La semana pasada los asesores de los consejeros kirchneristas expusieron su posición y escucharon una respuesta previsible por parte de Eduardo Otaño, el asesor de Sánchez Freytes: "Cualquier definición del reglamento dependerá de la Corte". Horas más tarde los oficialistas recordaban que ese reglamento es una atribución de la Magistratura, tal como se desprende de la Constitución.

Una idea que les resulta conveniente porque ya contarían con los votos necesarios para aprobar su propuesta de reglamento en el plenario, posibilidad que tendría eco tanto entre los abogados como en los legisladores de la oposición.

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