Ocurre a horas de que se liciten bandas para 4G

Sorprendió ayer el Gobierno con el proyecto de ley para las telecomunicaciones, que incluye telefonía fija, celulares, internet y televisión por cable. El ministro Axel Kicillof, que meses atrás admitió las dificultades para que entren nuevos jugadores al mercado de la telefonía móvil, dijo que "se requiere una nueva ley que estimule la competencia y termine con la concentración porque hay cinco compañías que se dividen el 88% de las ventas", en referencia con empresas de telefonía, cable e internet.

Lo primero que llama la atención es que salvo intervenciones de palabra más o menos públicas, el Gobierno no intervino hasta el momento en las tarifas de la telefonía móvil o internet. Y ahora deja abierta la puerta para hacerlo cuando falta un día para que se presenten las ofertas económicas por las frecuencias para dar tecnología 4G en celulares. Es más, cuando por esa licitación se está esperando el ingreso de u$s 1.900 millones que aliviarían la escasez de reservas en el último mes del año.

La nueva iniciativa creó confusión al punto que dio lugar a interpretaciones contrapuestas. Para el grupo Clarín se favorece a las telefónicas al ampliarles la cantidad de negocios posibles ya que podrían también ofrecer televisión por cable con la nueva iniciativa si se aprueba.

Para fuentes de Telefónica, "hay un cambio total porque se está eliminando la libertad de precios minoristas y mayoristas" con referencia a la telefonía móvil e internet, y "si bien podrán darse servicios audiovisuales es como tener un dispositivo de lujo en una casa en ruinas". Desde este último punto de vista, "el proyecto es contrario a las inversiones y abre interrogantes sobre la licitación de 4G".

La iniciativa dio pie a rumores y suspicacias. Algunos creyeron ver un aliciente para que las empresas que participen mañana en la licitación, acepten ingresar dólares frescos desde sus casas matrices. Pero la opinión de los allegados a Telefónica, descalificaría esa especie.

Otros dijeron que se trata de encontrar un dueño para Cablevisión y sacar al grupo Clarín de ese negocio, aunque en principio no surgen más atractivos para incursionar en la TV por cable. Lo que sí modificaría la nueva ley es que Telefónica podría seguir controlando Telefé, y el fondo Fintech del empresario David Martínez que tiene un preacuerdo para quedarse con la mayoría accionaria de Telecom Argentina, no debería desprenderse de su participación del 40% en Cablevisión, e incluso podría acrecentar ese porcentaje.

El proyecto también marca la posibilidad de una mayor participación estatal en las telecomunicaciones. Por ejemplo, el Estado podrá adjudicarle en forma directa a Ar-Sat una obra dentro de lo que se denomina servicio universal, que se financia con aportes de las empresas prestadoras.

Uno de los objetivos explícitos del Gobierno es que aparezcan nuevos licenciatarios de telecomunicaciones que arrienden las redes a las telefónicas ya instaladas para que haya más actores en el mercado. En parte, esto ya se instrumentó esta misma semana al reglamentarse la figura del operador móvil virtual, lugar que se espera que ocupen pymes y cooperativas que se dedican a telefonía. Pero con la nueva ley, lo mismo podría hacerse con los accesos a internet, y en caso de falta de acuerdo será el Estado el que fije el precio por el uso de la red y por la interconexión con los otros prestadores.

En tanto, nuevos operadores internacionales de telecomunicaciones difícilmente ingresarán a un mercado como el argentino donde ya hay tres actores importantes .