El Ministerio Público Fiscal de Brasil remitió a la justicia argentina un informe en el que dos arrepentidos por la trama del "Lava-Jato", Marcio Faria Da Silva y Luiz Antonio Mameri, estarían dispuestos a declarar si se les ofrece "inmunidad". Tal como había adelantado Ámbito Financiero, al comienzo de los primeros tironeos por compartir la información de las declaraciones de los 77 ejecutivos de Odebrecht, la cuestión de la colaboración se encuentra empantanada en el punto que refiere a la posibilidad de que ninguno de los delatores que aporten información puedan ser juzgados en tribunales locales. El ofrecimiento que llegó en respuesta a un exhorto enviado por Casanello, con la firma de Luiz Roberto Ungaretti De Godoy, del área de cooperación internacional, según pudo saber este diario, está ahora siendo analizado por el superior fiscal Federico Delgado, quien dijo que no podía expedirse sobre la validez de aquella condición para avanzar. El flamante procurador General interino, Eduardo Casal tendrá la última palabra. Su antecesora, Alejandra Gils Carbó había firmado un convenio de cooperación con su homólogo brasileño, pero no habían llegado a la instancia de tener que avalar o no la declaración de un posible arrepentido, a cambio de que no exista persecución penal si cometieron delitos vinculados a las causas en curso en el capítulo argentino.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Ambos habrían aportado datos que podrían ser utilizados en la causa que investiga sobornos en dos plantas potabilizadoras licitadas por AySa, sobre las que se están realizando indagatorias.
Declaración
El pico más alto (hasta el momento) en el marco de las causas locales por el escándalo regional de pago de sobornos por parte de Odebrecht ocurrió ayer con la declaración indagatoria de uno de los principales empresarios de la construcción, Aldo Benito Roggio. Frente a Casanello, el titular de la firma que lleva su nombre rechazó cualquier tipo de actividad delictiva y explicó los detalles de la licitación de la obra de la "Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas de Paraná de las Palmas" en el marco de una de las causas por los sobornos pagados por la empresa Odebrecht para obtener obra pública en Argentina, y los presuntos vínculos con socios locales para la maniobra.
Con la representación de su abogado Jorge Valerga Araoz, Roggio se presentó ayer antes de las 9 en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como imputado y una de las pocas donde se dispararon llamados a indagatoria tanto para exfuncionarios como para empresarios. Fuentes judiciales confirmaron que Roggio presentó un escrito de más de 100 hojas con números, documentos, estudios de impacto ambiental y abundante prueba sobre la licitación por la que se le adjudicó, junto a otros empresarios, las obras de construcción de la planta Paraná de las Palmas, sospechada de haber tenido sobreprecios en su construcción, como dictaminó el fiscal Federico Delgado.
Roggio negó y descartó que en la parte ejecutiva de la contratación se hubiera "escondido" cualquier tipo de actividad delictiva. Rechazó los cargos y explicó en detalle el trámite de la licitación. La declaración de Roggio es una de las últimas que se toman en la causa en la que también están imputados el expresidente de AySA, Carlos Ben; su mano derecha, Raúl Biancuzzo; representantes de las empresas Odebrecht, Camargo Correa, Supercemento y José Cartellone Construcciones, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y dueño de ESUCO, Carlos Wagner, entre otros.
Dejá tu comentario