Detenido exministro (vía teleconferencia) deslindó responsabilidad por coimas de constructora brasileña.
El detenido exministro de Planificación Federal, Julio De Vido prestó ayer declaración indagatoria en el marco de la causa Odebrecht vía teleconferencia. Tras 15 minutos de trámite, el actual diputado detenido en el marco de la causa Gas Natural Licuado y por desvíos de fondos en el expediente por la mina de Río Turbio se remitió a un escrito presentado en el juzgado de Daniel Rafecas y culminó con el acto, uno de los primeros del capítulo local por los sobornos pagados a funcionarios a cambio de obras por la constructora brasileña. Ya declararon los directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) -Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat-, en calidad de autores y/o partícipes, en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
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Con su abogado, Maximiliano Rusconi, De Vido -mediante videoconferencia desde el Complejo Penitenciario Federal N°2 de Marcos Paz- aclaró que "se encuentra ilegítimamente detenido" por orden de los Juzgados Federales N°9 y 12 de Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, respectivamente sostuvo: "no existe ni acción ni omisión por parte del Sr. De Vido en el desarrollo de lo que públicamente se conoce como la ´Ampliación Gasoductos TGS y TGN 2006/2015´. La única razón por la que nuestro asistido se encuentra convocado es por haber detentado el cargo de Ministro de Planificación, Obras Publicas y Servicios de la Nación entre los años 2003-2015, más ningún tipo de intervención ha tenido en el marco de los trámites correspondientes a las obras que fueran asignadas a la empresa privada Norberto Odebretch, hace ya más de 12 años". En este sentido, en el descargo presentado ayer por De Vido, se hizo un análisis de las especificidades del mercado de energía, en particular luego de la privatización de 1992 en el cual la estructura publica pasó a regirse por un régimen privado con participación estatal. Esto, sumado a la coyuntura propia de los tiempos posteriores a la crisis de los años 2001-2002 con "tarifas planchadas, pesificación, y renegociación de los contratos de servicios públicos", fueron parte de su argumentación. En los tribunales de Comodoro Py estuvo el socio de Rusconi, Gabriel Palmeiro, certificando el otro extremo de la comunicación virtual.
El llamado a indagatoria de Rafecas fue cuestionado por De Vido quien adujo que cometieron un error al imputarlo dado que le achacaron "responsabilidad sobre competencias que no le eran propias ni formaban parte de su ámbito de ejecución, cosa que está clara en los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional". Sumaron que "yerran al entender que se aplican normativas propias del proceso de obra pública nacional en un ámbito que desde 1992 resulta privado, siendo que ninguna de las obras de ampliación del circuito de gas natural fue llevado adelante con fondos del tesoro nacional, sino con un sistema de open season y roll-in propios de las características del sistema, el cual fue avalado no sólo por la sanción por parte del Poder Legislativo de la ley 26.095 y posteriormente el fallo de la CSJN E.280, XLIV, 11/06/13, en los autos "Establecimiento Liniers SA c/ Estado Nacional-Ley 26.095" que validó la existencia de estos mecanismos.
Calificó de "infundada y políticamente oportuna" resolución del juez acerca de la manera en la que el supuesto "plan delictivo" podría vincularse con las supuestas acciones de negociaciones incompatibles que ni describe ni puede describir. "Es que no hay un solo elemento en la causa que sostenga la imaginativa hipótesis de la acusación. Se han brindado todos los elementos explicativos que permiten al Sr. Juez tomar el temperamento correcto, desvinculando definitivamente a nuestro defendido de las presentes actuaciones", sostuvo la defensa. En ese sentido, De Vido retomó los términos de la expresidente Cristina de Kirchner y describió los tiempos actuales como de persecución política por parte del Poder Judicial y medios de comunicación. Antes de fin de año, Rafecas deberá definir la situación procesal de todos los involucrados en uno de los primeros capítulos del escándalo local por los sobornos de Odebrecht.
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