Olvidan que impuesto es distorsivo

Para muchos, se trataba de un impuesto distorsivo, que era necesario derogar porque atentaba contra la bancarización y fomentaba las operaciones en negro. Hoy ese debate parece saldado, y lo único que preocupa es si se coparticipa a las provincias o si se lo sigue quedando la Nación.

La historia de ese impuesto es contemporánea, comenzó en marzo de 2001, cuando se avecinaba el estallido. Pero registra antecedentes bastante más lejanos. Se lo aplicó hace aproximadamente treinta años, derogado después, fue restablecido en 1988, modificado en 1989 y 1991, siempre con diversas variantes. Más adelante se lo derogó.

Cuando las papas quemaban, porque los déficits fiscales se sucedían año tras año y ya no había posibilidades de nuevos endeudamientos, la Ley 25.413 promulgada el 24 de marzo de 2001 volvió a crear el impuesto, esta vez con efecto hasta el 31 de diciembre de 2002, es decir, menos de dos años. Además preveía que el Poder Ejecutivo pudiera disponer su imputación total o parcial al pago de otros gravámenes. Nunca se lo hizo, y ya sabemos cómo son los impuestos transitorios en la Argentina. Paradójicamente, el mismo ministro de Economía que había impulsado su derogación por distorsivo años atrás después se vio obligado a propiciar su establecimiento ante el desequilibrio crónico y finalmente fatal de las cuentas públicas.

El impuesto al cheque es malo. Resta estímulo a las operaciones bancarias. Los cheques circulan de mano en mano, restringidos por el número de endosos, pero tratando de evitar lo más posible su destino natural, que es cobrarlo o depositarlo en un banco. La Argentina es un país poco bancarizado. La economía negra es muy alta.

En los años de las vacas gordas -aquéllos de los superávits gemelos-, se debió cumplir con la transitoriedad del impuesto y no renovarlo, sin embargo, se hizo al revés. Claro, en el Presupuesto de 2010 se prevé recaudar la friolera de $ 23.500 millones por el impuesto al cheque; es el cuarto en importancia después de Ganancias, IVA y Retenciones. Ello para atender un Presupuesto, ahora deficitario, declarado de $ 275.000 millones.

Para comparar cómo y cuánto ha aumentado el gasto público basta recordar que el Presupuesto de 2002, que por la crisis recién se pudo aprobar en marzo de ese año, cuando ya se había producido la devaluación, preveía gastos por 42.800 millones de pesos. El gasto confesado para 2010 es casi siete veces mayor que aquél. El ilimitado despilfarro del gasto público inexorablemente impondrá un ajuste, mal que le pese a la Presidente, ajuste que ya empezó bajo la forma de la inflación. Mientras tanto, el impuesto al cheque parece no motivar más críticas. No se oyen voces enérgicas que recuerden que se trata de un impuesto distorsivo. El debate hoy consiste en decidir si se coparticipa o no. La voracidad impositiva del fisco ha ganado otra batalla. Siempre a costa de los contribuyentes.