Once: fiscal ya quiere ir a juicio (duro con TBA)

Claudio Bonadío

El fiscal federal Federico Delgado presentó ayer el pedido de elevación a juicio de la causa que investiga la tragedia fe rroviaria de la estación Once. Acusó de complicidad con el siniestro a Ricardo Jaime y a Juan Pablo Schiavi, aunque no pidió endurecer los procesamientos estipulados por la Cámara Federal. Cuestionó la gestión de la empresa TBA al frente del ferrocarril Sarmiento, pero no solicitó nuevas indagatorias. De esta forma dio por concluido su rol en la instrucción de un expediente que lo enfrentó en múltiples ocasiones tanto con el juez Claudio Bonadío como con la empresa.

En su dictamen, el fiscal se centró en los presuntos delitos de "estrago culposo y administración fraudulenta". Además, pidió el juicio para Antonio Sicaro, extitular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y por estos días asesor clave de Florencio Randazzo. Decisiones que lo mostraron en sintonía con la Cámara a pesar de que los querellantes especulaban con la posibilidad de que Delgado entendiera el supuesto estrago como "doloso".

Con los ribetes literarios habituales en sus escritos, Delgado sostuvo que "es evidente la complicidad de los funcionarios. Es que el Estado para inyectar fondos (subsidios a TBA) tenía que cumplir algunos pasos previstos en el contrato. Los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos. ¿El tren? El tren siguió siempre abrazado a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección".

En cuanto a la empresa, sorprendió que el fiscal no solicitara nuevas pericias o indagatorias, escenario que tenía adeptos en el despacho de Bonadío. "Los trenes perdían sus prendas y nadie los arropaba, quien debía arroparlo no invertía ni arreglaba nada. ¿Por qué? Por la connivencia de quienes debían custodiar la integridad del armario y su contenido que miraban para otra parte".

De vestimenta informal por regla, lejano a los protocolos del ámbito tribunalicio, Delgado siempre reconoció, a quien quisiera escucharlo, su incomodidad en la etapa de investigación. Primero se enfrentó a Bonadío por supuestas dificultades para acceder al expediente y luego intercambió escritos de tono álgido en los cuales le reprochaba no dejarlo cumplir con su "rol de acusador". Interesante giro: en su dictamen de ayer sostuvo que "los hechos son fuertes, las pruebas sólidas, la instrucción fue impecable".

El contrapunto, que se extendió a distintos aspectos del expediente, se inició cuando Bonadío decidió excarcelar al maquinista Marcos Antonio Córdoba 48 horas después de la tragedia que causó 51 muertos. El fiscal se opuso a esta decisión ya que entendió que fue precipitada y sin haber tomado en cuenta la opinión de los peritos.

Respecto del motorman, sostuvo que éste confesó que no logró detener la formación. No sustentó esta acusación en el plano de un supuesto estado de alcoholismo -como afirmaron los letrados de TBA- sino en un presunto exceso de velocidad.

Delgado fue denunciado por la empresa controlada por el holding Cometrans por el supuesto de que les habría enviado información de la causa a periodistas cuando ésta se encontraba bajo secreto de sumario.

Ahora, resta que esta semana las cuatro querellas también formulen sus respectivos requerimientos, y luego el juez correrá vista a las defensas, para después evaluar si remite la causa a un Tribunal Oral o bien resuelve previamente realizar alguna otra medida.

El expediente sigue su rumbo en el primer piso de los tribunales de Retiro. Ayer, una de las querellas solicitó a la Cámara de Casación modificar la carátula de estrago culposo a doloso, decisión que encontró poco eco en el resto de los letrados que representan a las víctimas. Éstos harán el mismo reclamo, pero recién cuando comience el juicio oral.