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Once-TBA: juez sigue a Cámara y apura juicio oral
Claudio Bonadío
Bonadío tenía planeado enviar la causa a juicio a fines de febrero. Por eso su decisión tomó por sorpresa a todos los abogados que participan en el expediente. Hubo distintos factores que aceleraron los tiempos. Por un lado, la proximidad del primer aniversario de la tragedia en la que perdieron la vida 51 personas (22 de febrero). Estas fechas nunca pasaron inadvertidas para el juez: los procesamientos se firmaron el 19 de octubre, fue un viernes, el fin de semana previo a conmemorarse el octavo mes de la tragedia.
Al mismo tiempo, como suele suceder con los jueces con despacho en los tribunales de Retiro, también habrían influido sobre los tiempos las últimas acciones del Gobierno en materia ferroviaria, especialmente los anuncios de Florencio Randazzo.
En la antítesis de la situación inicial, Bonadío enviará al debate oral una causa por supuesto estrago. En el camino de la instrucción la Cámara Federal lo apartó de la investigación de una supuesta trama de desvíos de subsidios estatales que habría tenido lugar en Cometrans (controlante de TBA). Bonadío se había convencido de que esta parte del expediente era la más compleja para la familia Cirigliano. Previamente ya había perdido la instrucción sobre las presuntas irregularidades en la búsqueda del cuerpo de la víctima Lucas Menghini Rey.
Las opiniones del fiscal Federico Delgado y de los querellantes, paso obligatorio antes del despacho a juicio oral, se conocerán en seis días y serán antagónicas. El primero expondrá críticas al juez por su proceder durante la instrucción y una supuesta falta de colaboración para tener acceso a la causa. Los segundos agradecerán la velocidad de los tiempos procesales y que el juez desistió de su idea inicial de unificar todas las querellas en un solo abogado.
Mientras tanto, TBA planteará una queja ante la Casación. Los abogados defensores asegurarán que la Sala II de la Cámara mantuvo la carátula de supuesta administración fraudulenta a partir de las pericias de Bonadío respecto de los subsidios que la firma cobró del Estado. Sin embargo, en ese momento esa parte del expediente ya no era responsabilidad de Bonadío, sino del juez Sebastián Ramos, quien investiga una causa abierta con anterioridad con la misma carátula y que involucra a otras firmas de transporte. Así lo entendió la Sala I de la Cámara y por eso Bonadío quedó únicamente al frente de la instrucción por el supuesto estrago. Esta estrategia procesal se definió en una reunión que mantuvieron el pasado martes los abogados de la empresa.
Los empresarios Claudio y Mario Cirigliano y los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, entre otros, quedaron procesados por supuesto «estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».


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