Opositores autoconvocan al Congreso

La oposición en el Congreso renovó ayer su llamado para autoconvocar a las Cámara de Diputados y al Senado para debatir el pedido de renuncia del Ejecutivo al titular del Banco Central, Martín Redrado.

El titular del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, afirmó que «el Gobierno debería convocar rápido al Congreso», para resolver el despido de la autoridad máxima de la entidad monetaria realizada ayer por Cristina de Kirchner.

El diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez anunció que presentará un pedido de sesión especial para tratar el decreto de remoción del titular del Banco Central, medida que calificó de «inconstitucional, por ser contraria a la Carta Orgánica del BCRA, que es una ley de la Nación». Además, pidió al resto de la oposición que se «autoconvoque en el Congreso», para derogar el decreto que crea el Fondo del Bicentenario.

Estrategia

Pérez hizo un llamamiento a la unidad opositora en el Parlamento: «Todas las fuerzas políticas debemos acordar una estrategia que permita el rechazo de estos decretos, que ponen al país frente a un conflicto de poderes. El Congreso tiene facultades para autoconvocarse y los bloques que defendemos las instituciones debemos comprometernos en realizar una sesión especial para dar marcha atrás con estas medidas inconstitucionales».

La diputada del PJ disidente Graciela Camaño dijo que «el Gobierno no le puede pedir la renuncia, tiene que encarrilar la situación» y señaló que «la remoción tiene que ser consultada con el Poder Legislativo y tiene que haber motivos». Asimismo, el diputado de Proyecto Sur, Fernando «Pino» Solanas enfatizó, en declaraciones a radio Continental, que «la remoción del presidente del Banco Central está escrita en la Carta Orgánica y tiene que pasar por el Senado».

Elisa Carrió afirmó no tener dudas de que «estamos en presencia de un claro conflicto de poderes» y opinó que «Redrado no debería aceptar la remoción y debería presentarse ante la Justicia en resguardo de la estabilidad de su cargo».

«La Presidenta se está poniendo en una situación de juicio penal», coincidió Carrió y afirmó que existe una «enorme irracionalidad en este tema».