Ordenan mostrar contrato con Chevron

 La jueza en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento ordenó ayer a YPF entregar información sobre el acuerdo con Chevron para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, al hacer lugar a una acción de amparo iniciada por el diputado radical Manuel Garrido.

La decisión de Sarmiento va en paralelo a un pedido similar que el senador socialista Rubén Giustiniani realizó ante la Corte Suprema y que ya circula por las vocalías.

En los últimos dos meses, la Corte emitió fallos orientados a encumbrar al acceso a la información como un derecho absoluto. Este giro genera inquietud en el Gobierno, porque el secreto del acuerdo se debe a la necesidad de preservar activos de la voracidad de los holdouts.

La jueza otorgó un plazo de diez días hábiles para entregar la documentación solicitada, pero la petrolera adelantó que apelará la decisión.

Se trata de datos reclamados el 29 de mayo último al presidente y gerente general, Miguel Galuccio, sobre el acuerdo firmado por la explotación de Vaca Muerta mediante el Decreto 1.172 del año pasado.

Desde la compañía argumentaron falta de legitimidad de Garrido para reclamar, y advirtieron que la información es reservada para las partes.

La jueza Sarmiento resolvió que el diputado tiene legitimidad para reclamar.

La magistrada sostuvo que el artículo 15 de la Ley 26.741 prevé que "para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF Gas SA continuarán operando como sociedades anónimas abiertas y no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación".

Por otra parte, la jueza determinó que el argumento de YPF, al no dar información invocando "compromisos de confidencialidad" y la existencia de "secretos industriales, comerciales, financieros, científicos y técnicos", es algo -según entendió- que "no satisface los supuestos legalmente previstos para justificar una negativa a una solicitud de información pública".