Otra ley que se congela: la de entidades financieras

Agustín Rossi

La reforma de la actual ley de entidades financieras no será prioridad para el Gobierno antes de las elecciones presidenciales, y eventualmente, quedará como una de las iniciativas para discutir después de octubre. Dos fueron los motivos para este desenlace: la falta de garantías políticas para que el proyecto avance exitosamente y la buena relación que hoy mantiene el Gobierno con el sistema financiero.

La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Carlos Heller, incluía cuatro puntos fundamentales, que buscaban modificar una de las pocas legislaciones aún vigentes desde el último Gobierno militar. Entre otras cuestiones, impulsaba facultar al Ejecutivo para la autorización de nuevas entidades de capital extranjero exigiendo además el criterio de reciprocidad con los países de origen. Limitaba también en un 8% el total de depósitos y de préstamos que puede detentar una entidad, e instauraba el criterio de servicio financiero para la actividad. Además, buscaba colocar cupos mínimos de cartera para prestarles a las micro, pequeñas y medianas empresas y tasas de interés máximas para estos créditos. Establecía también la protección de los usuarios de los servicios financieros y una nueva reglamentación para la garantía de depósitos.

A mediados del año pasado, el bloque del Frente para la Victoria (FpV) había avanzado en algún tipo de diálogo con otras fuerzas políticas para tratar la ley. Incluso se mencionó desde el oficialismo la posibilidad de comenzar a negociar algunos cambios para buscar consenso general para el tratamiento. Como en la ley de redistribución de las ganancias las empresas que impulsa Hugo Moyano, el bloque que maneja Agustín Rossi avanzó en el dialogo con la oposición (especialmente, con bloques como el socialismo santafesino, parte del radicalismo y otros diputados de centroizquierda). Éstos prometieron cierto respaldo, pero a cambio que se traten otros proyectos como la distribución de la publicidad oficial y el acceso a la información de los gastos públicos. Luego, la decisión desde la Casa de Gobierno de no canjear unos proyectos por otros congeló la situación. Finalmente, el conflicto por el Presupuesto 2011 de septiembre del año pasado (donde la oposición se negó a aprobar sin cambios el proyecto oficial) terminó con las negociaciones de éste y del resto de los proyectos de ley.

Este año hubo algunos intentos de incluir la iniciativa dentro del cronograma de actividades del Congreso, pero como los bloques opositores reclamaron proyectos propios a cambio, tampoco hubo espacio para el inicio de las sesiones de 2011.

Un último hecho político-económico terminó por congelar las intenciones oficiales de avanzar en este terreno. La incorporación de directores de la ANSES en tres entidades financieras fuertemente representativas del sistema generó entre el Gobierno y el sector, quizá, el mejor momento con los bancos desde que los Kirchner llegaron al poder. Según la visión oficial, este hecho provocó que cambiara radicalmente el clima empresarial luego de la negativa de Techint de permitir el ingreso de un director en Siderar. El Gobierno temía que esa actitud derivara en un dominó de negativas de otras empresas. Pero primero el Banco Macro (donde la ANSES tiene el 26,62% de las acciones), luego el Grupo Financiero Galicia (16,96%) y, por último, el Banco Patagonia (15,25%) no tuvieron problemas en dejar que ingresen los funcionarios públicos al directorio. Según la mirada oficial, eso dejó aislada a Techint. Un primer efecto de esta buena relación fue la decisión oficial de desautorizar a La Bancaria de continuar con un paro el jueves de la semana pasada, dictando la conciliación obligatoria y multando luego al gremio por no haber acatado la medida. El segundo es la decisión oficial de no insistir por el momento en el tratamiento de la ley de entidades financieras.