Otra revuelta opositora por discurso de Cristina

Gerardo Morales

La oposición en el Congreso quiere empezar el año con un nuevo frente de batalla. Después de la acusación de Cristina de Kirchner sobre la demora en sancionar la nueva ley en contra del lavado de dinero, radicales, peronistas federales, la Co-alición Cívica, el macrismo y el socialismo no sólo salieron a responderle a la Presidente, sino que adelantaron que además de que presionarán para debatir el Presupuesto 2011, sumarán a ese pedido toda la batería de proyectos pendientes desde 2010, como la reglamentación de los DNU o la reforma al INDEC. Todo eso, a pesar de que existían hasta ahora acuerdos para sesionar una vez al mes, al menos en Diputados, con temas no conflictivos, entre ellos la reforma a la Ley de Tarjetas de Crédito.

Así, tras la idea de que podría existir una tregua pactada entre el kirchnerismo y parte de la oposición, la intervención de la Presidente volvió a desatar las protestas.

Uno de esos campos de batalla será la ley de lavado. Este fin de semana, el presidente del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, junto con Ricardo Gil Lavedra, le pidieron al presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, que gire al Congreso toda la «información necesaria para garantizar un debate ciudadano educado y amplio sobre el proceso de monitoreo internacional ante el GAFI».

Preocupante

En ese pedido, Gil Lavedra precisó: «La ineficacia de nuestro sistema de persecución y prevención del lavado de dinero es preocupante, especialmente si consideramos los problemas que implica para la estabilidad social económica y política, su efecto distorsivo sobre el funcionamiento de la economía y los valores de la sociedad, y su vinculación con la delincuencia organizada. Es necesario encarar esta discusión con la mayor seriedad posible, generando las condiciones para un debate responsable, y sin dejar que los importantes cuestionamientos formulados por el GAFI transcurran como una simple incidencia menor de nuestra burocracia».

Y como Cristina de Kirchner culpó al Congreso por la posible aplicación de multas al país, los radicales aclararon en el pedido a Sbatella: «Debemos honrar nuestros compromisos e impedir que las instancias de supervisión internacional se conviertan en una pura formalidad diplomática, estéril y alejada de cualquier discusión relevante sobre el tema. El lavado de activos es un fenómeno complejo y sensible que atraviesa sectores clave de la vida económica el país, por eso estamos solicitando la máxima difusión posible de los insumos imprescindibles para orientar la discusión y facilitar el diseño de políticas más eficientes contra el lavado de dinero».

«La UIF se encuentra en una posición inmejorable para ilustrar a la ciudadanía, de modo accesible, sobre las observaciones recibidas por el Estado argentino, por lo que contar con su compromiso resulta imprescindible», dice el documento.