Otro ministro de Menem investigado por Siemens

Ramón Mestre

Un ministro de Justicia del Gobierno de Carlos Menem será investigado por la Justicia argentina para determinar si actuó durante el Gobierno de Fernando de la Rúa como lobbysta de la empresa Siemens. Esa gestión la habría efectuado con la misión de lograr que se cumpliese después de 1999 el contrato para la provisión de documentos DNI y sería quien figura en la denuncia de la Securities Exchange Commission contra la empresa alemana como quien habría cobrado u$s 660 mil por esa gestión.
El nombre de este ministro lo mantiene la Justicia argentina oculto y se suma a los otros que serán objeto de la investigación que hoy tiene a su cargo el juez Ariel Lijo por el cobro de una suma superior a los u$s 130 millones entre 1998 y 2007. Esos ex funcionarios y su conducta han sido descritos por la denuncia de la SEC en estos términos: «Por lo menos, u$s 2,6 millones fueron transferidos directamente desde las cuentas de estos consultores al presidente de la Argentina, al ministro de Interior, y al director de Migraciones para obtener el contrato. Durante este período, empleados de Siemens prometieron pagar un adicional de u$s 30 millones o más al presidente y sus ministros. A finales de 1999, el presidente argentino terminó su mandato y una nueva administración amenazó con rescindir el contrato, argumentando que está basado en un fraude. En un esfuerzo por evitar esa posibilidad, Siemens pagó u$s 6 millones en sobornos adicionales a funcionarios de la nueva administración argentina. A pesar de estos pagos, el contrato fue cancelado».
Una investigación anterior hecha por la Justicia alemana en Munich indicó a los funcionarios y a un empresario con las iniciales «CM», «CC», «HF» y «CS», datos que, según el juzgado argentino, también estarían bien precisados en una auditoría interna que Siemens realizó en la sede local, sobre la que se basó el informe de la SEC.
Ayer, el ex ministro aliancista Federico Storani salió a desmentir que funcionarios de la Alianza -como da a entender la denuncia de la SEC- hubieran recibido sobornos por intentar sostener el contrato. En declaraciones radiales, reivindicó al Gobierno de De la Rúa por haber abolido el compromiso, que en realidad firmó el sucesor de Storani, Ramón Mestre. Storani también explicó detalladamente el proceso de negociaciones con la empresa, un tema que fue central en la agenda de ese momento y que implicó fuertes presiones tanto de la compañía, como incluso del Gobierno alemán.

Constancias
En tribunales ayer se recordó que la Justicia ya había investigado a un ministro de Justicia de Menem por actuar después de 1999 como lobbysta de Siemens, pero el expediente fue archivado. Las constancias que surgen ahora de la denuncia de la SEC, que dio a conocer este diario en forma textual, permitirán que se reabra esa investigación. En caso de prosperar, los pagos que, según dice, Siemens hizo después de 1999 serían a ex funcionarios y no a funcionarios delarruistas, algo que puso en estado de emergencia a los radicales que actuaron bajo esa administración. Eso explica el énfasis que puso ayer Storani en la desmentida de que su Gobierno haya conocido algo sobre coimas Siemens. Algo que el juez Lijo seguramente reavivará cuando vea las pruebas que ha prometido mostrarle la Justicia alemana para cuando viaje en abril a ese país.
Lijo, además, pidió el martes pasado el informe detallado de la SEC, ya que lo publicado el lunes por este organismo en realidad es sólo una parte mínima de la investigación. La información fundamental está en otro documento, que es en el que se basó la SEC para evaluar a Siemens: la auditoría interna que la empresa realizó en la sede local y que por el momento sólo ha sido vista en Estados Unidos.
Este informe interno menciona de manera detallada quiénes fueron los involucrados en el cobro de sobornos, así como datos específicos sobre los supuestos libros, registros y facturas ficticias, a los que el informe publicado se refiere sin dar más detalles. La auditoría interna también podría precisar el nivel de involucramiento de los empleados de la empresa, punto que todavía permanece bastante opaco, si bien han trascendido algunos nombres de ex directivos que estarían presuntamente vinculados con la causa.
Por el momento, el único que ha sido interrogado por la Justicia argentina es el ex CEO de Siemens Argentina Matthias Kleinhempel, quien asumió la dirección de la sede local en 2003 y ha negado de manera enfática cualquier tipo de vinculación con el caso. Es más, el antiguo directivo habría sido el encargado de «limpiar» la compañía argentina, separando de su cargo a todos los involucrados en los sobornos por el contrato de los DNI. Desde el juzgado, sin embargo, se resisten a desvincularlo completamente de la causa y afirman que van a esperar a cruzar las pruebas obtenidas en Alemania y Estados Unidos.
Siemens Argentina, por su parte, ha adoptado una postura hermética: sus empleados tienen absolutamente prohibido hablar del caso, sobre todo porque la causa argentina depende del arreglo que hizo la casa matriz con la Justicia estadounidense, para poder continuar con sus inversiones en este país y seguir cotizando en Wall Street. Todo lo que se haga en la sede local tiene que pasar por estas dos instancias. Ese arreglo fue el que también trajo como consecuencia que el directorio de Siemens SA firmara un acta el martes pasado en la que reconocía haber violado las leyes estadounidenses, en relación con los delitos imputados, y se comprometía a pagar u$s 500 mil como resarcimiento.
El documento (que también fue remitido a la Justicia argentina) no fue el único firmado esta semana: los directorios de Venezuela y Bangladesh hicieron lo mismo. Estos tres países habrían sido «elegidos» por la casa matriz para cubrir otros presuntos casos de corrupción mucho más importantes, en países como Italia, España y Arabia Saudita, así como para proteger los intereses de la empresa en su principal sede latinoamericana, Brasil. De hecho, directivos de la sede carioca salieron ayer a aclarar que los casos por presunta corrupción de Siemens en Brasil estaban cerrados. El futuro de la empresa en el país queda así expuesto a ataques y presiones (como ya han trascendido ayer) para negociar sus próximos contratos. En este sentido, el retiro de la demanda de la empresa contra la Argentina ante el CIADI sería entonces sólo una pequeña parte de la dimensión que este caso puede tomar en el futuro cercano. Mucho dependerá en esta instancia de la voluntad de la Justicia criolla para avanzar con la investigación local.