Otro reto de la Corte por no limpiar Riachuelo

Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti responsabilizaron al secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, por la lentitud en el proceso ordenado en 2008.

Buenos Aires - La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionó ayer con crudeza la gestión del Estado en las tareas de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo: sin medias tintas, remarcó que no juzga «buenas intenciones» y recla-

mó «definiciones y certezas para evitar que cambien los nombres o los gobiernos y todo siga igual».

Durante una audiencia pública realizada en el Palacio de Tribunales para analizar los avances de la causa tras una sentencia dictada hace dos años, que ordenó la limpieza de esa cuenca, el secretario de Medio Ambiente nacional y titular de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, respondió durante algo más de una hora y media los planteos del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y los vocales Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay; por su parte, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni no hicieron preguntas.

Allí Lorenzetti le pidió avances concretos en el tema. El funcionario de Cristina de Kirchner intentó argumentar que desde el Gobierno están «avanzando», pero el magistrado le aclaró: «Los jueces no juzgamos intenciones -que suponemos que, en su caso, deben ser las mejores-, sino que analizamos las políticas que se llevan adelante».

Mussi, en rigor, fue quien quedó más expuesto -como titular de la ACUMAR- a los cuestionamientos emanados desde el alto tribunal.

En su exposición, el funcionario aseguró además que «sería iluso pensar que se pueda corregir en poco tiempo» el deterioro, y resaltó que más de un millón de habitantes de la zona de influencia de la cuenca cuenta ahora con agua potable, mientras que medio millón tiene cloacas.

Traslado

También se refirió a la relocalización de varias familias que vivían lindantes al Riachuelo, y evaluó que ellas «se van contentas a sus nuevas casas». Esa definición generó la reacción de Argibay, quien le planteó entonces a Mussi si «hay gente a la que no le preguntaron si estaban de acuerdo con que los trasladaran como si fueran muebles a otros destinos».

La sala de audiencias estuvo colmada de público, y entre los presentes se anotaron el juez federal de Quilmes Luis Armella (quien debe controlar el cumplimiento de la sentencia por parte de los gobiernos nacional, provincial y porteño); el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy; el defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

No es, en rigor, la primera vez que el máximo tribunal muestra disconformidad con la actuación en esta materia de Nación y de los Ejecutivos porteño y bonaerense, representados en la ACUMAR. Por caso, ese malestar ya derivó el año pasado en la decisión del juez Armella de aplicarle multas de 4 mil pesos diarios al por entonces secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, por incumplir los objetivos de saneamiento de la cuenca.