Oyarbide justificó allanamiento en banco

El juez federal Norberto Oyarbide aseguró ayer que el allanamiento a las oficinas del grupo Bapro ubicadas en la Capital Federal tiene que ver con «una causa por posible lavado de dinero». Durante el operativo realizado el martes pasado la Policía secuestró documentación que estaría relacionada al fideicomiso que manejaba el propietario de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, vinculado al secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, en la investigación sobre la llamada mafia de los medicamentos.

El magistrado señaló que «el allanamiento de las últimas horas en Bapro tiene que ver con la causa principal que está en secreto de sumario», agregó el juez y se abstuvo de dar más detalles sobre la pesquisa que sigue respecto de la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos oncológicos y contra el HIV, que habrían sido suministrados a afiliados de la obra social de la Asociación Bancaria (OSBA).

Requerimiento

El procedimiento había sido pedido hace semanas por la fiscalía a cargo de Luis Comparatore, quien indaga sobre la supuesta relación entre Lorenzo, la OSBA y los fondos que percibía esta obra social provenientes de la Administración de Programas Especiales (APE), organismo que manejaba el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli.

El fideicomiso, cuya documentación se secuestró ayer, había sido denunciado por la ex ministra de salud Graciela Ocaña, quien sumó en esta asociación comercial a Néstor Vázquez, un ex funcionario de la Superintendencia de Salud durante la gestión de Capaccioli.

Por otro lado, Oyarbide amplió su investigación a otras causas que tramitan en su fuero, vinculadas con la supuesta venta de medicamentos adulterados, para saber si pueden aportarle información a lo que denominó «la causa madre». El martes pasado se realizaron dos procedimientos relacionados a estos procesos, derivados en la ciudad de Córdoba y en la localidad bonaerense de Paso del Rey, en donde se detuvo a una persona.

Cuidadoso

En sus declaraciones de ayer, Oyarbide fue especialmente cuidadoso y recordó que la pesquisa sobre Lorenzo y la OSBA se encuentra bajo secreto de sumario. Esta investigación, más allá de encontrarse en el final de la etapa de análisis de pruebas, está a la espera de que la Cámara Federal se pronuncie sobre el pedido presentado por Zanola de apartar al magistrado del caso, por supuesto prejuzgamiento y falta de objetividad.

El tribunal de alzada recibirá hoy a los abogados defensores del sindicalista, Federico Figueroa y Mario Fenzel, para que realicen un «informe oral» sobre el pedido de recusación.

Luego de esta audiencia, la Cámara deberá definir si objeta o no la actuación de Oyarbide. Este pronunciamiento también despejará la vía para que el juez, de ser confirmado en el caso, cite a declaración indagatoria a Lorenzo, Zanola y otros posibles imputados, según había indicado que lo haría en estos días.